La solicitud de impedimento de salida del país contra el exministro del Interior, Juan José Santiváñez, se ha intensificado por parte del Ministerio Público (MP), que busca asegurar su presencia en el proceso judicial por presunto tráfico de influencias agravado. Esta medida cautelar, equivalente a un arresto domiciliario de facto a nivel internacional, pretende evitar cualquier riesgo de fuga mientras se desarrollan las investigaciones. Santiváñez, quien ahora ocupa un cargo en el despacho presidencial de Dina Boluarte, se enfrenta a serias acusaciones relacionadas con su presunta intervención para favorecer a un expolicía condenado.
Según la investigación publicada por El Comercio, el Ministerio Público ha presentado un recurso de apelación que será examinado el próximo 3 de junio por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.
El MP argumenta que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria no evaluó correctamente los elementos que sugieren un posible peligro de obstaculización de la justicia o una eventual fuga del exministro. La fiscalía sostiene que existen evidencias sólidas que vinculan a Santiváñez con tres presuntos actos ilícitos de tráfico de influencias agravado, que involucran al Tribunal Constitucional, el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) y el Ministerio de Justicia.
El caso se centra en la presunta intervención de Santiváñez, primero como abogado y luego como ministro del Interior, para lograr la liberación de Miguel Joel Marcelo Salirrosas, un expolicía al que asesoró legalmente para anular su condena ante el TC. Se alega que Santiváñez solicitó S/20 mil como honorarios por sus servicios legales, además de US$20 mil destinados a supuestos «asesores externos». Testimonios recopilados por la fiscalía sugieren que este último monto estaba destinado a sobornar a funcionarios dentro del Tribunal Constitucional, aunque este objetivo no se habría logrado.
Ante el fracaso de su gestión en el TC, ya como ministro de Estado, Santiváñez habría intentado interceder ante el Inpe y el Ministerio de Justicia para procurar mejoras en las condiciones carcelarias de Marcelo Salirrosas. La fiscalía ha presentado una voluminosa evidencia, incluyendo cerca de mil mensajes de WhatsApp entre Santiváñez y diversos interlocutores, además de grabaciones de audio y documentos que, según el MP, prueban los pagos realizados al exministro.
Paralelamente, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema también tiene programada una audiencia para el 16 de mayo, en la que se evaluará la apelación presentada por Santiváñez contra la resolución que autorizó el allanamiento y la obtención de su teléfono celular. Este allanamiento, el segundo realizado a su vivienda en marzo de 2025, buscaba recabar información relevante para el caso de tráfico de influencias. Sin embargo, durante el operativo, no se encontraron teléfonos móviles en posesión de Santiváñez ni de su familia, solo cargadores y carcasas.
Este caso se desarrolla en un contexto político donde la designación de personas investigadas en cargos públicos genera controversia y cuestionamientos sobre la idoneidad de los nombramientos y la transparencia en la gestión del Estado. La decisión de la Corte Suprema sobre el impedimento de salida del país será crucial para el desarrollo de la investigación y para garantizar la comparecencia de Santiváñez ante la justicia.
