Un reciente reportaje de Mongabay Latam, elaborado junto con la organización Earth Genome, confirma la existencia de 67 pistas de aterrizaje clandestinas diseminadas entre Ucayali, Huánuco y Pasco. Treinta y una de ellas se concentran en la provincia ucayalina de Atalaya, mientras quince se ubican en zonas limítrofes de Huánuco y Pasco, configurando el llamado “triángulo de la muerte” de la Amazonía central. El Diario Ahora revisó los hallazgos, entrevistó a fuentes policiales, dirigentes indígenas y especialistas, y ofrece a continuación un panorama de lo que está en juego para la región.
Un mapa criminal en expansión
Las nuevas pistas —conocidas en la selva como “canchas”— surgen en una franja que conecta el valle de los ríos Pichis, Palcazu y Pachitea con la carretera Federico Basadre. Según el coronel PNP James Tanchiva, jefe de la División de Maniobras contra el Tráfico Ilícito de Drogas en Pucallpa, las organizaciones reactivan una pista inutilizada en apenas una semana. Cada aeródromo, de entre 600 y 800 metros de longitud, permite el despegue de avionetas con cargas de hasta 350 kilogramos de clorhidrato de cocaína rumbo a Bolivia y Brasil.
La presencia de narcopistas no es nueva, pero la densidad actual supera cualquier registro de la década anterior. Para la geógrafa ambiental Alicia Paniagua, el desplazamiento de rutas desde el Vraem hacia la selva central “obedece a una combinación de menor presión policial, carreteras en buen estado y una geografía que facilita el ocultamiento tras enormes parches de bosque primario”.
Huánuco: entre la coca y la deforestación
Los datos más recientes de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) muestran que la superficie de cultivos de coca en Huánuco se duplicó entre 2020 y 2023, alcanzando casi cinco mil hectáreas. Además, la tala de al menos 109 hectáreas de bosque primario ha sido necesaria para abrir o ampliar narcopistas, equivalentes a tres veces el área del limeño Campo de Marte.
El impacto se siente en múltiples frentes. “Cada avioneta que aterriza paraliza la vida comunal: cierran caminos, se suspende la pesca y los niños dejan de ir a la escuela”, relata un dirigente kakataibo del distrito de Puerto Inca que pidió mantener su identidad en reserva. A la presión sobre la tierra y los recursos se suma el vertido de combustibles y químicos usados en laboratorios clandestinos.
Violencia contra defensores indígenas
Las estadísticas compiladas por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos señalan once defensores indígenas asesinados en la zona entre 2013 y 2024; la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) eleva la cifra a quince. Miguel Guimaraes, vicepresidente de Aidesep, advierte que “mientras no se corten las fuentes de dinero y la demanda global de cocaína, la violencia seguirá cobrándose vidas”.
En Huánuco, líderes asháninkas y kakataibos denuncian la presencia de pistoleros que custodian cultivos y exigen pagos a las comunidades. Veintiocho dirigentes continúan bajo amenaza permanente, según la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU). Las alertas llegan también desde la sierra: productores de Ambo y Dos de Mayo reportan extorsiones a transportistas que llevan suministros hacia la selva.
Respuesta del Estado y brechas pendientes
Entre 2013 y 2022, la Dirección Antidrogas (Dirandro) destruyó 705 pistas clandestinas en Ucayali, Huánuco y Pasco. No obstante, el Gobierno Regional de Ucayali identificó veintiuna nuevas pistas solo en 2023. Para Nicolás Zevallos, investigador del Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia, “existe un efecto globo: cada operativo empuja la actividad algunos kilómetros; sin presencia estatal sostenida, el problema reaparece”.
Luisa Sterponi, especialista de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Perú, agrega que los grupos criminales diversifican ingresos combinando narcotráfico con tala ilegal y minería aluvial, lo que dificulta el rastreo financiero. Mientras tanto, los proyectos de desarrollo alternativo avanzan con lentitud. En la provincia de Leoncio Prado, menos del veinte por ciento de las parcelas de cacao cuentan con certificación que garantice precios justos.
Dato:
La nueva cartografía de narcopistas confirma que Huánuco ya forma parte de un corredor continental de la droga, con conexiones logísticas hacia Bolivia y Brasil. El desafío para las autoridades —nacionales, regionales y locales— consiste en articular acciones de inteligencia, restauración forestal y desarrollo alternativo. Sin una respuesta integral, la cadena de valor del narcotráfico seguirá profundizando la violencia y la degradación ambiental que hoy recae sobre las comunidades más vulnerables de la Amazonía central.
