La censura al primer ministro Gustavo Adrianzén emerge como una posibilidad real en el Congreso, tras el trágico secuestro y asesinato de 13 trabajadores mineros en Pataz, La Libertad. La Junta de Portavoces acordó someter a votación cuatro mociones de censura presentadas la semana pasada, en un contexto de creciente preocupación por la seguridad ciudadana y la respuesta del gobierno central. Este debate se produce en medio de un clima político ya tenso, marcado por acusaciones de inacción y falta de liderazgo frente a la criminalidad organizada, un problema que se ha agravado en los últimos meses.
Según la investigación publicada por El Comercio, el Congreso peruano se prepara para decidir el futuro político de Gustavo Adrianzén, en una votación que podría tener consecuencias significativas para la estabilidad del gobierno.
Las mociones de censura señalan una supuesta conducta pasiva del jefe del Gabinete Ministerial frente a los graves actos de violencia, así como una reacción institucional considerada débil ante la creciente demanda de mayor seguridad por parte de la población y los sectores productivos. Las declaraciones iniciales de Adrianzén, donde puso en duda la veracidad del secuestro debido a información preliminar, fueron interpretadas por congresistas de hasta diez bancadas como una clara falta de liderazgo, lo cual intensificó las críticas y el impulso a las mociones de censura.
Desde el Ejecutivo, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga, ha expresado su preocupación ante una posible censura, advirtiendo que una recomposición del Gabinete podría generar retrasos en la implementación de políticas públicas consideradas clave para el desarrollo del país. Urteaga apeló a la responsabilidad de los congresistas, instándolos a priorizar la estabilidad nacional por encima de intereses particulares o coyunturales.
El camino hacia esta votación ha estado marcado por la interpelación de Adrianzén el pasado 9 de abril, una sesión que se extendió por más de cinco horas. A diferencia de aquella ocasión, el escenario político actual muestra un mayor respaldo multipartidario a la censura, lo que anticipa un resultado más incierto. La votación pondrá a prueba la capacidad del Congreso para sancionar la gestión del Ejecutivo frente a la persistente ola de criminalidad que afecta al país, especialmente en regiones como La Libertad.
Para censurar a Adrianzén se requieren al menos 66 votos, equivalentes a más de la mitad del número legal de miembros del Congreso. Si la censura prospera, Adrianzén estaría obligado a renunciar, y la presidenta Dina Boluarte tendría un plazo de 72 horas para aceptar su dimisión. La censura del primer ministro conlleva la crisis total del Gabinete Ministerial, obligando a todos los ministros a presentar su renuncia, aunque la presidenta puede ratificarlos en sus cargos si lo considera oportuno.
