La minería ilegal en Pataz, región La Libertad, ha escalado a niveles alarmantes, poniendo en jaque la seguridad y el estado de derecho. La reciente masacre de 13 trabajadores mineros ha servido como detonante para que el Gobierno central tome medidas drásticas. La zona, rica en recursos auríferos, se ha convertido en un foco de criminalidad organizada, atrayendo a bandas dedicadas a la extracción ilegal y al control violento del territorio.
Según la investigación publicada por El Comercio, el Gobierno nacional, a través del Decreto de Urgencia N° 006-2025, ha procedido a la revocación automática de 1425 inscripciones en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) dentro de la provincia de Pataz. Esta decisión surge como respuesta directa a los recientes actos de violencia y a la necesidad de frenar el uso indebido del Reinfo como fachada para actividades ilícitas de extracción de oro.
La medida gubernamental implica una intervención coordinada en Pataz, focalizada en el control y fiscalización rigurosa de insumos químicos, explosivos y otros materiales comúnmente utilizados en la actividad minera. La distribución de las revocaciones del Reinfo por distritos revela la magnitud del problema: Tayabamba registra 144 Reinfos revocados, Parcoy, 585 y Pataz la cifra más alta con 696.
El Premier Gustavo Adrianzen enfatizó que el Gobierno está implementando una serie de medidas con el objetivo de restablecer el orden en Pataz, proteger los recursos naturales y garantizar la seguridad de la población. Subrayó la determinación del Estado para enfrentar al crimen organizado vinculado a la minería ilegal, indicando que no se tolerarán más acciones que pongan en riesgo la vida de los ciudadanos y la integridad del territorio.
Además de la revocación de inscripciones, el Gobierno ha anunciado la implementación de tecnología avanzada para combatir la minería ilegal. Esto incluye un sistema piloto de trazabilidad para la comercialización del oro, liderado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), que buscará garantizar la legalidad de las transacciones y evitar la venta de oro extraído ilegalmente. Asimismo, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) implementará un sistema de control y monitoreo inalámbrico (GPS) para los vehículos de transporte de mercancías, permitiendo un seguimiento en tiempo real y previniendo el desvío de recursos a actividades ilícitas.
Para fortalecer el control territorial, se establecerán tres puestos de control estratégicos en los principales accesos a la zona aurífera de Pataz. Estos puestos de control estarán a cargo de personal policial y militar, y tendrán la función de inspeccionar vehículos y personas, verificando la legalidad de los insumos y materiales que ingresan a la zona, así como la identificación de personas sospechosas de estar involucradas en actividades ilícitas. La efectividad de estas medidas, sin embargo, dependerá de la capacidad del Estado para mantener una presencia constante y coordinada en la región, así como de la voluntad política para enfrentar a los grupos criminales que operan en la zona.
