La inseguridad en la región de Pataz, La Libertad, se agudiza tras la trágica matanza de trece agentes de seguridad, poniendo de manifiesto la problemática de la minería ilegal y los violentos conflictos por el control del oro. Este suceso ha revelado una trama donde la precarización laboral y la posible participación de miembros activos de la Policía Nacional del Perú (PNP) en empresas de seguridad informales complican aún más el panorama. La zona, conocida por su vasta riqueza mineral, ha sido escenario de constantes enfrentamientos entre bandas criminales que buscan dominar la extracción y comercialización del oro, exacerbando la vulnerabilidad de los trabajadores y la población local. La presencia de economías ilegales ha generado un clima de impunidad que dificulta la aplicación de la ley y el control de las actividades mineras.
Según la investigación publicada por El Comercio, el caso ha destapado una red de subcontratación donde la empresa minera Poderosa habría delegado la seguridad de sus bocaminas a Libmar, quien a su vez contrató informalmente a R & R. Esta cadena precaria de servicios de seguridad expone a los trabajadores a condiciones laborales desfavorables, sin beneficios ni seguros de vida, cobrando únicamente por día laborado. Esta modalidad de contratación es generalizada en Pataz, dejando a los empleados en una situación de alta vulnerabilidad ante los riesgos inherentes a la actividad minera.
La investigación del Ministerio Público, basada en el testimonio de un exempleado de R & R, señala a los suboficiales de segunda PNP Gianpaul Alexander Bastidas Rodríguez y Franklin Yonathan Pérez Vargas como los presuntos responsables de la gestión de dicha empresa de seguridad. El testigo, cuya identidad se mantiene en reserva por temor a represalias, declaró que estos agentes policiales recurrían a la amenaza y la coerción para reclutar personal. La fuente anónima, en su declaración, detalló el ambiente de inseguridad que rodeaba a las víctimas y la forma en que operaba esta empresa clandestina.
La fiscalía ha confirmado que R & R no está inscrita en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) y, por lo tanto, opera al margen de la ley. Luis Gustavo Guillermo Bringas, presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de La Libertad, indicó que aunque los policías sindicados no figuran formalmente como propietarios, existen indicios de que dirigen la empresa de facto. Esta situación plantea serias dudas sobre la supervisión y el control de las empresas de seguridad en la región, y la posible colusión entre autoridades y actores ilegales.
Según se ha revelado, los suboficiales Bastidas Rodríguez, adscrito a la Unidad de Operaciones Especiales del Escuadrón Verde, y Pérez Vargas, perteneciente a una comisaría de Huanchaco, presuntamente utilizarían su conocimiento sobre las bandas criminales y sus líderes para ofrecer servicios de seguridad a los mineros informales. A cambio de contratos, los agentes proporcionarían información y apoyo logístico, incluyendo la movilización de contingentes policiales para enfrentar a mineros ilegales rivales. Esta información comprometedora sugiere una posible red de corrupción que involucra a oficiales de alto rango de la PNP.
En cuanto a la empresa Libmar SAC, representada legalmente por Segundo Nicolás Cueva Rojas, se ha verificado que cuenta con el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) vigente. Sin embargo, Cueva Rojas registra denuncias policiales por delitos como invasión de terrenos, robo agravado y agresión, lo que genera interrogantes sobre la idoneidad de la empresa para operar en el sector minero. El programa “Contracorriente” ha identificado a Ejecutores y Contratistas R & R SAC como la presunta razón social de la empresa de seguridad, cuyo domicilio fiscal se encuentra en Tayabamba y cuya actividad principal declarada es el servicio de mensajería y el transporte de carga por carretera, lo que evidencia una clara discrepancia entre la actividad declarada y la real.
En medio de la polémica, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, anunció la captura en San Juan de Lurigancho de Luis Alberto Chuquizuta Guerra, alias ‘Piscis’, presunto operador de R & R. Al momento de su detención, Chuquizuta Guerra portaba dos armas de fuego, una de ellas perteneciente a Juan Joel Ñaupari Salva, uno de los agentes de seguridad asesinados en Pataz. Este arresto podría ser clave para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades en la matanza.
