La seguridad ciudadana en Perú enfrenta un punto de inflexión tras la reciente promulgación de la ley que permite el juzgamiento penal de adolescentes de 16 y 17 años por delitos graves. Esta medida, que ha generado un intenso debate en la sociedad, implica una reestructuración del sistema penitenciario para acoger a estos jóvenes infractores, separándolos del sistema tutelar juvenil vigente hasta ahora. La modificación legislativa responde, según el gobierno, a un aumento en la participación de menores en actos delictivos de alta peligrosidad, situación que exige, en su opinión, una respuesta penal más severa.
Según la investigación publicada por Gestión, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) se encuentra en pleno proceso de adecuación de sus instalaciones para albergar a estos jóvenes que han cometido delitos considerados graves.
Tiberio Martínez, jefe de la Dirección de Política Criminológica del Ministerio de Justicia, ha detallado los preparativos que se están llevando a cabo. En sus declaraciones, Martínez precisó que actualmente existen 1,050 adolescentes internados en centros juveniles por delitos graves, de los cuales 727 están recluidos por robo agravado, 87 por homicidio calificado, 7 por sicariato, 14 por trata de personas y 69 por violación sexual. Estas cifras, según el funcionario, justifican la necesidad de aplicar la ley con rigor.
El cambio fundamental reside en que estos adolescentes, al ser juzgados como adultos por delitos específicos, serán procesados por jueces penales comunes y trasladados a establecimientos penitenciarios regulares. Martínez hizo hincapié en que el tratamiento será diferenciado, habilitando espacios específicos dentro de los 74 centros penitenciarios del país, con el objetivo de evitar que el contacto con reclusos adultos incremente su peligrosidad. La creación de estos pabellones separados busca mitigar los posibles efectos negativos que la convivencia con delincuentes adultos podría generar en la resocialización de los jóvenes.
Respecto al penal de Ancón 1, donde ya fueron trasladados 29 adolescentes de alta peligrosidad tras una fuga en el centro juvenil “Maranguita”, Martínez confirmó que se está acondicionando un área especial para recibir a los nuevos reclusos provenientes de este grupo etario. De acuerdo con el nuevo protocolo, aquellos adolescentes de entre 16 y 17 años que reciban prisión preventiva o sean hallados culpables de delitos graves serán enviados directamente a esta área reservada en Ancón 1, evitando así su paso por los centros juveniles.
La implementación de esta ley no ha estado exenta de controversia. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para el Perú (UNODC) ha expresado su preocupación y ha instado a las autoridades peruanas a reconsiderar la medida, argumentando que el cumplimiento de penas junto a adultos podría obstaculizar la rehabilitación social de los adolescentes. Sin embargo, el Ministerio de Justicia defiende la constitucionalidad de la ley y su adecuación a la Convención sobre los Derechos del Niño, argumentando que la creciente participación de adolescentes en delitos graves justifica la adopción de estas medidas excepcionales.
En respuesta a las críticas y con el objetivo de garantizar la efectividad de la resocialización, el Ministerio de Justicia está elaborando un proyecto de ley que establece revisiones periódicas, cada 5 o 10 años, del avance de los reclusos. Esta iniciativa busca diagnosticar y evaluar la eficacia de los tratamientos de resocialización aplicados, permitiendo realizar ajustes y mejoras en el proceso. Esta medida complementaria busca asegurar que la sanción penal contribuya efectivamente a la reinserción social de los jóvenes infractores.
