Investigan Presunta Adulteracion De Pruebas En La Muerte De Una Suboficial Tras Cirugia Estetica
Investigan Presunta Adulteracion De Pruebas En La Muerte De Una Suboficial Tras Cirugia Estetica

Investigan presunta adulteración de pruebas en la muerte de una suboficial tras cirugía estética

El Ministerio Público ha iniciado una investigación preliminar contra nueve personas por la presunta adulteración de pruebas relacionadas con la muerte de una suboficial de la Policía Nacional, quien falleció el 27 de febrero de 2024 tras someterse a una intervención estética en una clínica privada del distrito de Pillco Marca, en Huánuco.

La agente policial, madre de dos hijos, perdió la vida durante una cirugía de liposucción en circunstancias que levantaron serias sospechas sobre la capacidad operativa y legal del establecimiento médico. Inicialmente, los principales implicados en el caso fueron detenidos durante cinco días; sin embargo, el juez del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria declaró infundado el pedido de prisión preventiva y ordenó su liberación. Según la Fiscalía, tras recuperar su libertad, los involucrados habrían aprovechado para alterar la escena del crimen, manipulando elementos clave para encubrir presuntas negligencias.

De acuerdo con la tesis fiscal, se realizaron acciones concretas de encubrimiento con el fin de aparentar que la intervención quirúrgica se realizó en condiciones adecuadas. La investigación señala que el quirófano no contaba con los insumos básicos necesarios al momento del procedimiento, y que estos fueron ingresados posteriormente con el fin de modificar el contexto en el que ocurrió el deceso.

Entre las irregularidades detectadas, se encontró el ingreso tardío de medicamentos de emergencia y de un balón de oxígeno, acciones que fueron registradas por las cámaras de seguridad del establecimiento. Asimismo, varios trabajadores habrían ocultado o retirado cajas con insumos médicos para evitar que sean consideradas como evidencia. También se habría redactado un contrato ficticio con el objetivo de deslindar responsabilidades administrativas, en un intento por blindar a los responsables del centro de salud.

Las autoridades han dispuesto un plazo de 120 días para llevar a cabo las diligencias preliminares, las cuales incluyen entrevistas a los familiares de la víctima, pericias médicas y declaraciones de los implicados.