La reciente publicación de la Ley N.º 32330 ha encendido la polémica en diversos sectores jurídicos y sociales del país. Esta normativa, promulgada el 10 de mayo en el diario oficial El Peruano, establece que los adolescentes de 16 y 17 años podrán ser juzgados en el fuero penal ordinario —como si fuesen mayores de edad— en casos de delitos considerados graves. En entrevista con Diario Ahora, los abogados Gonzalo Trejo Verde, past decano del Colegio de Abogados de Huánuco, y el Dr. Javier Santillán Ramos expresaron preocupaciones sobre los alcances de esta ley, advirtiendo posibles vulneraciones al principio de protección integral de los menores.
Adolescentes serán juzgados por jueces penales comunes
El abogado Gonzalo Trejo Verde explicó que esta norma modifica el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente, eliminando la competencia exclusiva de los jueces de familia para los casos más graves en este grupo etario. “Desde ahora, los menores de 16 y 17 años que cometan delitos como sicariato, violación sexual o terrorismo ya no pasarán por el sistema especializado. Serán procesados en el fuero ordinario, por jueces de investigación preparatoria”, indicó.
Trejo añadió que esta disposición cambia radicalmente la lógica del sistema penal juvenil en el país. “Se rompe con el principio del interés superior del niño. Se trata a los adolescentes como adultos, desconociendo su nivel de madurez emocional, su entorno social y su posibilidad de rehabilitación”, afirmó.
“No es una respuesta estructural al crimen organizado”
Desde el análisis jurídico, Trejo sostuvo que la intención del Ejecutivo y del Congreso al impulsar esta norma respondería a una creciente demanda ciudadana por medidas más severas frente a la delincuencia juvenil. “Es una ley populista. Se busca dar una respuesta rápida al problema del sicariato y del crimen organizado, pero sin atacar sus verdaderas causas”, señaló.
En ese sentido, el jurista cuestionó que se pretenda resolver el fenómeno delictivo mediante un enfoque punitivo. “Sabemos que los adolescentes son muchas veces utilizados por mafias. Son reclutados precisamente porque eran inimputables. Esta ley no rompe ese ciclo, solo endurece la respuesta judicial”, declaró.
Trejo también recordó que organismos como el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Defensoría del Pueblo han expresado reservas sobre la norma. “Ya se han emitido pronunciamientos institucionales. La Defensoría ha anunciado una acción de inconstitucionalidad, precisamente por considerar que se afecta el marco normativo de protección a menores”, puntualizó.
“El Estado debió prevenir, no solo castigar”
Por su parte, el abogado Javier Santillán Ramos, también entrevistado por este medio, criticó que el Estado haya optado por modificar el sistema penal sin antes implementar políticas preventivas. “Antes de aplicar esta ley, debió existir una estrategia educativa integral. No ha habido sensibilización en los colegios ni campañas sostenidas en las zonas rurales”, declaró.
Santillán afirmó que el enfoque reactivo de la norma puede terminar criminalizando la pobreza. “Esta ley podría tener un impacto más severo en adolescentes de zonas vulnerables, donde el acceso a educación, salud mental y oportunidades laborales es limitado”, dijo. A ello agregó que muchos jóvenes ni siquiera están informados de los cambios en la ley y que los mecanismos de difusión estatal han sido insuficientes.
“En los centros poblados más alejados, los adolescentes no conocen sus derechos, y los padres tampoco. ¿Cómo vamos a exigirles responsabilidad penal plena si no hay educación legal mínima?”, cuestionó.
Contradicciones con tratados internacionales y riesgos procesales
Ambos juristas coincidieron en que la Ley 32330 entra en contradicción con compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano. “La Convención sobre los Derechos del Niño establece que todo menor debe ser juzgado en un sistema especializado, con enfoque restaurativo y no punitivo”, explicó Trejo.
Añadió que el artículo 4 de la Constitución Política del Perú también consagra la protección del niño y del adolescente, lo cual —en su opinión— no estaría siendo respetado con esta nueva norma. “Es una regresión en materia de derechos humanos”, advirtió.
Santillán, por su parte, expresó preocupación sobre la capacidad del sistema judicial para garantizar los derechos procesales de los adolescentes. “¿Existen suficientes defensores especializados? ¿Los fiscales y jueces ordinarios están capacitados para tratar con adolescentes? No basta con cambiar la ley si el aparato judicial no está preparado”, sostuvo.
Dato
Tanto Trejo como Santillán coincidieron en que la seguridad ciudadana no puede depender exclusivamente de sanciones penales. “El Estado debe trabajar en la prevención, en políticas de inclusión, salud mental, deporte, empleo juvenil. Una ley no va a desmantelar el crimen organizado”, subrayó Trejo. Santillán añadió que es necesario reconstruir el tejido social, reforzar la familia y recuperar espacios públicos para los jóvenes. “Criminalizar la adolescencia no resolverá el problema. Solo lo empujará más a la exclusión”, advirtió.
