La región de Pataz, en la sierra oriental de La Libertad, se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta debido al recrudecimiento de la minería ilegal del oro. El reciente secuestro y asesinato de 13 trabajadores de la empresa R&R, perpetrado por bandas criminales que controlan esta lucrativa actividad ilícita, ha encendido las alarmas sobre la grave situación de inseguridad y violencia que impera en la zona, donde la extracción aurífera ilegal genera ganancias multimillonarias cada año, superando incluso los ingresos de la minería formal en la región.
Según la investigación publicada por El Comercio, tras el trágico suceso, la empresa minera Poderosa emitió un comunicado informando que la cifra de víctimas mortales a manos de estos grupos delictivos asciende ya a 39 personas, entre colaboradores, mineros artesanales y trabajadores de la propia compañía. La empresa describe a Pataz como un «territorio sin ley», donde la violencia se ha normalizado ante la ineficacia del Estado.
La bonanza económica derivada de la minería ilegal ha transformado radicalmente el paisaje de Pataz. El dinero proveniente del oro ilícito ha financiado la construcción de ostentosos centros de esparcimiento, hoteles de varios pisos, bares y discotecas, muchos de ellos propiedad de los mismos mineros ilegales que operan en la zona. Este boom económico, sin embargo, se sustenta en la ilegalidad, la violencia y la explotación.
El acceso a explosivos, esenciales para la minería de socavón, es otro punto crítico. Si bien la compra de dinamita y anfo está sujeta a estrictos controles legales, se estima que un porcentaje significativo, alrededor del 60%, de estas ventas «formales» termina desviándose hacia la minería ilegal. Se calcula que esta actividad ilícita invierte aproximadamente 120 millones de dólares anuales en la adquisición de explosivos, lo que evidencia la magnitud del negocio.
El proceso de beneficio, donde el mineral aurífero es procesado, se ha convertido en un punto de inflexión en la cadena de valor. Expertos señalan que en estas plantas se estaría mezclando el oro extraído legalmente con el de procedencia ilícita, dificultando su rastreo y legalización. Esta práctica, común en la zona, permite a los mineros ilegales insertar su producción en el mercado formal, blanqueando así sus ganancias.
La investigación periodística también destaca la presencia de funcionarios ligados a figuras políticas regionales, como César Acuña, con vínculos a la minería del oro. Los hermanos César y Ricardo Sandoval Pozo, con cargos tanto en el Ejecutivo como en el Gobierno Regional de La Libertad, han sido relacionados con el sector, generando suspicacias sobre posibles conflictos de interés.
La fiscalización del transporte del mineral es otro eslabón débil en la cadena. El puesto policial de Chagualito, encargado de controlar los camiones que sacan el oro de Pataz, opera con recursos limitados y personal insuficiente, lo que facilita el paso de vehículos sin la debida inspección. Según cifras oficiales, miles de camiones habrían transitado por la zona sin ser registrados, lo que evidencia la porosidad del sistema de control.
Tras la captura o muerte de líderes criminales como ‘Palermo’ y ‘Gato Coté’, nuevos delincuentes han emergido para tomar el control de las redes criminales que operan en la minería ilegal. Uno de ellos, identificado como ‘Cuchillo’, es señalado como el presunto autor del asesinato de los 13 trabajadores mineros, entre otros crímenes. La constante lucha por el control del territorio y los recursos exacerba la violencia en la zona.
