La regulación de precios de medicamentos vuelve al centro del debate político en Estados Unidos. El expresidente Donald Trump anunció, a través de su plataforma Truth Social, la inminente firma de una orden ejecutiva destinada a reducir el costo de algunos fármacos, equiparándolos con los precios vigentes en otras naciones desarrolladas. La medida, inspirada en un modelo de «nación más favorecida», plantea interrogantes sobre su alcance legal y su impacto en la industria farmacéutica.
Según la investigación publicada por The New York Times, esta propuesta, por sí sola, no tiene el poder de transformar la política federal. El exmandatario no especificó a qué tipo de seguros aplicaría el plan ni la cantidad de medicamentos que serían afectados, pero sí indicó que Estados Unidos debería pagar el precio más bajo entre sus países pares.
La iniciativa, que evoca intentos previos del exmandatario durante su primer mandato, se enfrenta a la previsible oposición de la industria farmacéutica y a posibles desafíos legales. Recordemos que en 2020, un intento similar para el programa Medicare, que cubre a 68 millones de estadounidenses mayores de 65 años o con discapacidades, fue bloqueado por un tribunal federal por no seguir los procedimientos adecuados en la formulación de políticas. Aquel plan se limitaba a 50 medicamentos administrados en clínicas y hospitales, financiados por Medicare.
La industria farmacéutica argumenta que la fijación de precios por parte del gobierno podría socavar la inversión en investigación y desarrollo de nuevos medicamentos. Alex Schriver, representante del principal grupo de presión de la industria, PhRMA, declaró que «la fijación de precios por el gobierno en cualquier forma es perjudicial para los pacientes estadounidenses», instando a los legisladores a centrarse en «corregir las deficiencias del sistema estadounidense, en lugar de importar políticas fallidas del extranjero». La industria farmacéutica genera una gran parte de sus beneficios a nivel mundial de las ventas en los Estados Unidos, diseñando su estrategia comercial en torno al mercado estadounidense.
A pesar de la tradicional reticencia republicana a la intervención gubernamental en la fijación de precios, la propuesta de Trump coincide con ideas planteadas por legisladores demócratas. Ameet Sarpatwari, experto en política farmacéutica de la Escuela de Medicina de Harvard, señaló que Trump está apelando a una idea con «atractivo populista». El debate se centra en la marcada diferencia de precios que Estados Unidos paga por los medicamentos de marca, hasta tres veces más altos que en otros países comparables, a pesar de que gran parte de la investigación se realiza en suelo estadounidense. Es importante recordar que el gasto farmacéutico per cápita en Estados Unidos supera con creces el de otras naciones de la OCDE, según datos recientes de la organización.
Si bien los críticos señalan la posible reducción de la innovación farmacéutica, los defensores argumentan que el sistema actual permite a las empresas obtener beneficios excesivos a expensas de los consumidores estadounidenses. La discusión también involucra el acceso a medicamentos innovadores, pues las farmacéuticas sostienen que los pacientes en Estados Unidos reciben medicamentos más rápido y con menos restricciones de seguro que en otros países.
El éxito de esta orden ejecutiva, si se concreta, dependerá de su capacidad para superar los obstáculos legales y la resistencia de la industria farmacéutica, así como de su impacto real en los costos de los medicamentos para los ciudadanos estadounidenses. El contexto político, con las elecciones presidenciales en el horizonte, añade una capa adicional de complejidad a este debate.
