La posibilidad de una censura al Premier Gustavo Adrianzén ha escalado significativamente en el Congreso, tras la presentación de una cuarta moción en su contra. El creciente descontento parlamentario, exacerbado por los trágicos sucesos en Pataz, La Libertad, donde trabajadores mineros perdieron la vida, ha propiciado que un número considerable de legisladores se sumen a esta iniciativa.
Según la investigación publicada por El Comercio, ya son 58 los congresistas que han plasmado su firma en una o más de las mociones de censura contra Adrianzén. Este número representa una muestra transversal del hemiciclo, abarcando a miembros de diversas bancadas, con posturas ideológicas variadas.
La pluralidad de fuerzas políticas detrás de estas mociones es notable. Representantes de Podemos Perú, Perú Libre, Acción Popular, Renovación Popular, Avanza País, la Bancada Socialista, Juntos por el Perú – Voces del Pueblo, Honor y Democracia, el Bloque Democrático y el Bloque Magisterial, además de legisladores no agrupados, han manifestado su respaldo a la censura. En contraste, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP) y Somos Perú se han mantenido al margen de estas iniciativas, lo que sugiere un apoyo político al gobierno de Dina Boluarte, dada su afinidad ideológica y en votaciones previas. Cabe recordar que la censura de un Primer Ministro requiere un mínimo de 66 votos en el pleno del Congreso.
El cálculo preliminar de votos a favor de la censura se basa en la suma de los integrantes de las bancadas que han firmado las mociones, alcanzando un total de 82 escaños. Al añadir los seis congresistas no agrupados que también han suscrito las mociones, la cifra asciende a 88. Sin embargo, esta proyección debe tomarse con cautela, ya que la disciplina de voto no siempre es una constante en el Congreso peruano, y es posible que algunos legisladores retiren su apoyo antes de la votación final. Un ejemplo de esto es que, en los últimos dos años, 50 congresistas retiraron sus firmas 106 veces en 33 mociones de interpelación, censura y vacancia, según datos recopilados. Esta práctica, lamentablemente común en el Congreso actual, diluye el impacto de estas iniciativas.
La congresista Ruth Luque, del Bloque Democrático, ha advertido sobre la posibilidad de que integrantes de bancadas como Perú Libre, Avanza País, Podemos, Renovación, Juntos por el Perú y Acción Popular den marcha atrás en su apoyo a la censura. Asimismo, Edward Málaga, legislador no agrupado, ha señalado que la firma de una moción no garantiza el voto a favor de la censura. El vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, ha confirmado esta incertidumbre, al indicar que su bancada tomará una decisión final sobre su postura ante la censura en el momento oportuno.
En contraposición, Roberto Sánchez, vocero de Juntos por el Perú – Voces del Pueblo, se muestra optimista sobre la posibilidad de alcanzar los 66 votos necesarios para censurar a Adrianzén. Sánchez argumenta que la “masacre” de trabajadores mineros en Pataz pudo haberse evitado si el Premier hubiera actuado con mayor diligencia. Alejandro Cavero, tercer vicepresidente del Congreso y miembro de Avanza País, aunque no ha firmado ninguna moción, ha manifestado públicamente su opinión favorable a la censura de Adrianzén, calificando el caso de Pataz como “la gota que derramó el vaso”.
La situación actual en el Congreso es volátil, y la incertidumbre sobre el resultado final de la votación se mantendrá hasta el último momento. Es posible que, durante el debate en el pleno, se escuchen discursos críticos contra el Ejecutivo, pero en el momento decisivo, las posturas en contra de la censura podrían prevalecer. De acuerdo con el reglamento del Congreso, las mociones de censura deben ser debatidas y votadas entre el cuarto y el décimo día natural después de su presentación, por lo que el tema se abordará la próxima semana.
En caso de que el Congreso apruebe la censura contra Gustavo Adrianzén, este deberá presentar su renuncia, y la Presidenta Dina Boluarte estará obligada a aceptarla en un plazo máximo de 72 horas. La salida del Premier implicaría una crisis total del Gabinete, con la renuncia de todos los ministros. No obstante, la Presidenta tiene la facultad de ratificar a los mismos funcionarios si lo considera conveniente. Adrianzén es el tercer jefe del Gabinete Ministerial en la gestión de Boluarte, tras Pedro Angulo y Alberto Otárola. La situación política actual refleja un clima de tensión y polarización en el Congreso, con consecuencias impredecibles para la gobernabilidad del país.
