La reciente decisión de la Defensoría del Pueblo de cancelar 10 procesos de selección bajo el régimen laboral 728, tras denuncias por presuntas irregularidades en la sede de Huánuco, marca un punto crítico en la ya debilitada confianza ciudadana hacia los procesos de contratación en el Estado. Más allá del acto administrativo de anular los concursos, lo que esta situación pone en evidencia es la fragilidad de los mecanismos meritocráticos cuando se enfrentan a intereses políticos o designaciones arbitrarias.
De acuerdo con la resolución emitida por la Oficina General de Gestión y Desarrollo Humano, la cancelación se ampara en una disposición reglamentaria que permite detener procesos por “causas institucionales no previstas”. Sin embargo, no se especifican con claridad las razones concretas detrás de la medida, dejando al ciudadano ante un vacío informativo que impide conocer con certeza si se trató de un acto preventivo, una corrección ética o una reacción institucional forzada por la presión mediática y los reclamos internos.
El diario Ahora reveló que trabajadores de la Defensoría en Huánuco denunciaron presuntos favoritismos hacia postulantes externos con vínculos políticos, en detrimento de personal con trayectoria en la institución. Estas acusaciones, aún no confirmadas oficialmente, aluden a una práctica recurrente que socava los principios de transparencia y equidad en la función pública.
Testimonios recogidos por este medio señalan que postulantes con menor calificación habrían sido favorecidos en entrevistas finales, mientras se excluía a servidores con más de seis años de experiencia. Más preocupante aún es la posibilidad de que esta situación no sea exclusiva de Huánuco, sino que se habría replicado en otras regiones como Ucayali y La Libertad.
Frente a la cancelación de procesos, la institución aún no ha ofrecido una explicación completa que despeje las dudas públicas. El abogado constitucionalista Pier Paolo Marzo fue enfático al afirmar que cuando una entidad decide anular convocatorias tras denuncias, debe emitir un pronunciamiento claro, asumir responsabilidades si corresponde y ratificar su compromiso con los principios de mérito e imparcialidad.
Lo que está en juego no es únicamente la asignación de un cargo, sino la credibilidad de un organismo cuyo rol es precisamente fiscalizar los derechos ciudadanos y el funcionamiento ético del Estado. La Defensoría del Pueblo debe ser ejemplo, no excepción.
El silencio institucional, en este contexto, puede interpretarse como complicidad o evasión. Es indispensable que la entidad rinda cuentas, determine si hubo vulneraciones al debido proceso y anuncie con claridad qué medidas tomará para garantizar que las futuras convocatorias estén blindadas contra cualquier forma de injerencia indebida.
