A raíz de los recientes hechos de violencia registrados en zonas de minería ilegal en Madre de Dios, la Defensoría del Pueblo en Huánuco alertó sobre el crecimiento sostenido de esta actividad ilícita en varios puntos críticos de la región. Según señaló el defensor Marco Octavio Durand Rocca, las provincias más afectadas serían Puerto Inca, Yarowilca, Lauricocha y la parte alta de San Rafael.
Durand advirtió que la expansión de la minería ilegal representa una amenaza directa no solo para el ambiente, sino también para la seguridad de las comunidades locales. “No solo destruye la ecología, también altera la tranquilidad de las poblaciones y pone en riesgo vidas humanas. Si no se actúa con firmeza, podríamos repetir el desastre ecológico ocurrido en Madre de Dios”, indicó el funcionario.
Intento reciente de instalación en el río Pachitea
En declaraciones a Ahora, el representante defensorial reveló que, hace pocos meses, se identificó un intento de operación minera ilegal en el distrito de Honoria, provincia de Puerto Inca. “Se trasladaron dragas al río Pachitea con la clara intención de iniciar trabajos ilícitos. Estos equipos devastan las riberas, contaminan el agua y no dejan ningún aporte tributario al país”, afirmó Durand.
Según explicó, la zona presenta alta vulnerabilidad debido a la falta de presencia efectiva del Estado y al débil control territorial. Las dragas, al operar fuera del marco legal, suelen remover grandes cantidades de sedimento fluvial, provocando severos impactos en la biodiversidad local y afectando fuentes de agua utilizadas por comunidades nativas y campesinas.
Durand recalcó que solo la minería formal, con permisos y supervisión ambiental estricta, puede operar en zonas sensibles sin comprometer los ecosistemas. En ese sentido, hizo un llamado urgente a las autoridades regionales, al Ministerio del Interior y al Ministerio del Ambiente para coordinar acciones conjuntas que impidan la consolidación de este modelo extractivo criminal en Huánuco.
