La presidenta de la República, Dina Boluarte, ha solicitado un incremento de su remuneración mensual de S/ 16.000 a S/ 35.568, lo que representa un alza del 125%. La iniciativa, presentada ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ha generado una fuerte controversia en la opinión pública; sin embargo, ha contado con el respaldo explícito de congresistas como Patricia Juárez, de Fuerza Popular, y José Cueto, de la bancada Honor y Democracia.
En declaraciones a Willax, Juárez justificó el aumento señalando que “hay un desorden en el Estado” respecto a la escala de sueldos. “El presidente debe tener la remuneración más alta. No se trata de quién sea el presidente, sino de preservar la figura presidencial. No puede ser que un viceministro gane 28 o 30 mil soles, y el presidente, 16 mil”, señaló.
En esa misma línea, Cueto afirmó que la actual estructura estatal “parece un kión” por la falta de jerarquía salarial. “Hay funcionarios que ganan más que un congresista. El presidente de la República debería tener el salario más alto, y de ahí hacia abajo”, indicó. Ambos legisladores coincidieron en que el MEF debió aprovechar la oportunidad para replantear la escala completa de sueldos públicos.
Desde el MEF, se elaboró un informe técnico que sustenta la solicitud presidencial. Según el documento, la remuneración de la jefa de Estado debe reflejar tanto la responsabilidad de su cargo como la competitividad en el mercado laboral. El análisis comparativo cita que funcionarios como los titulares de Reniec, Sunedu, ONPE, así como presidentes de organismos reguladores como Osinergmin y Osiptel, perciben entre S/ 25.000 y S/ 28.000 mensuales, mientras que ministros y magistrados del TC ganan S/ 30.000 y S/ 35.000, respectivamente.
Pese a los argumentos técnicos, el pedido ha sido duramente criticado por amplios sectores ciudadanos, que lo consideran inoportuno en medio de una crisis de seguridad, alta desaprobación presidencial y demandas sociales no atendidas. El debate sobre el aumento refleja no solo una disputa sobre jerarquías institucionales, sino también una desconexión entre el aparato estatal y la percepción ciudadana.
