La Defensoría del Pueblo formalizó la cancelación de 10 procesos de selección para plazas bajo el régimen laboral 728, tras las denuncias por presuntas irregularidades ocurridas en la sede de Huánuco. La decisión se oficializó mediante resolución suscrita por la Oficina General de Gestión y Desarrollo Humano, con autorización de la Secretaría General.
La entidad informó que la medida se ampara en el Reglamento de Organización y Funciones, que faculta a suspender procesos por causas institucionales no previstas, sin responsabilidad atribuible a la entidad. Según el documento, la cancelación afecta a los procesos CAP identificados con los números 09 al 18.
Reclamos internos
El anuncio se produce apenas dos días después de que el Diario Ahora revelara que trabajadores de la sede regional de la Defensoría denunciaron un presunto direccionamiento político en los concursos públicos. Las acusaciones apuntaban a la designación de postulantes externos con vínculos partidarios, en desmedro de personal con trayectoria en la institución.
De acuerdo con el testimonio recogido por este medio, una de las seleccionadas habría sido favorecida pese a tener una calificación inferior en las etapas previas, mientras que candidatos con más de seis años de servicio fueron descartados en la entrevista final. Esta situación se habría replicado en otras regiones, como Ucayali y La Libertad.
Comité de selección deberá ser notificado
En cumplimiento del artículo segundo de la resolución, la Defensoría ha dispuesto que se notifique al comité de selección correspondiente la anulación formal de los concursos en cuestión. Asimismo, el artículo tercero establece que esta información deberá ser publicada en el portal institucional.
Aunque la resolución no especifica directamente los motivos que originaron la cancelación, se señala que la Oficina General de Gestión y Desarrollo Humano actuó con autorización previa de la Secretaría General, lo cual confirmaría que se trata de una medida interna coordinada en los niveles superiores de la entidad.
Consultado por Ahora, el abogado constitucionalista Pier Paolo Marzo sostuvo que estas decisiones deben ir acompañadas de un pronunciamiento transparente de la entidad. “Cuando se anulan procesos luego de denuncias públicas, el mensaje debe ser claro. La ciudadanía necesita saber si hubo errores, omisiones o violaciones al principio meritocrático”, afirmó.
Dato:
Pier Marzo insistió en que la Defensoría del Pueblo debe garantizar un perfil técnico y ético en sus convocatorias. “Lo que está en juego no es solo un puesto de trabajo, sino la independencia funcional de un órgano clave en la vigilancia de derechos y procesos electorales”, añadió.
