La minería ilegal ha transformado Pataz, en la sierra oriental de La Libertad, en un foco de delincuencia organizada, donde el control del territorio se disputa a sangre y fuego. Este “boom” del oro ilícito ha exacerbado la economía criminal en la región, generando una crisis que va más allá de lo económico y afecta directamente la seguridad y la gobernabilidad. Recordemos que La Libertad es una de las regiones con mayor producción aurífera del país, pero también una de las más golpeadas por la informalidad y la criminalidad en el sector.
Según la investigación publicada por El Comercio, Pataz se ha convertido en una zona de guerra perpetua, donde la vida cotidiana está marcada por la violencia y la extorsión. La situación ha escalado a tal punto que políticos como los de Renovación Popular han solicitado la renuncia del Primer Ministro Gustavo Adrianzén y una reconfiguración del Gabinete, tras los recientes asesinatos de mineros.
La magnitud de la tragedia en Pataz se evidencia en la masacre reciente, donde se reportaron actos de tortura y ejecución en una mina tomada por delincuentes. Este hecho ha generado indignación y ha puesto en evidencia la falta de control y la vulnerabilidad de los trabajadores mineros. Las familias de las víctimas exigen respuestas y señalan la inacción de las autoridades frente a las denuncias previas.
El Congreso ha citado al Ministro del Interior para que explique las medidas que se están tomando para abordar la crisis en Pataz. Mientras tanto, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) ha condenado enérgicamente los crímenes y ha exigido una lucha frontal contra la minería ilegal, reconociendo el impacto negativo que tiene en la industria formal y en la reputación del país.
El reportaje de El Comercio destaca el millonario gasto en explosivos que se utiliza en la minería ilegal, así como el débil control policial en zonas clave como Chagualito. Se describe también el complejo circuito de la minería ilegal, desde la extracción hasta la comercialización del oro, y se analiza el funcionamiento de las plantas de beneficio donde se procesa el mineral extraído ilegalmente.
La investigación periodística revela cómo algunas minas se han convertido en fosas comunes, y cómo los “herederos” del oro ilegal continúan operando con impunidad. Asimismo, se advierte sobre el peligro que corren grandes casos relacionados con la minería ilegal, y se rastrean los camiones que transportan el oro ilícito a través de rutas clandestinas. La situación en Pataz es un claro ejemplo de los desafíos que enfrenta el país en la lucha contra la criminalidad organizada y la minería ilegal, un problema que requiere una acción coordinada y contundente por parte de todas las autoridades competentes.
