El Congreso de la República volverá a votar las denuncias constitucionales contra los expresidentes Francisco Sagasti y Martín Vizcarra, así como contra los exministros Salvador del Solar, Vicente Zeballos, Rubén Vargas y José Élice, tras no alcanzar los 67 votos requeridos en la última sesión del Pleno. La coalición parlamentaria integrada por Fuerza Popular, Renovación Popular y sus aliados promueve estos procesos como parte de una ofensiva política, según diversas voces críticas.
Hasta el momento, solo dos inhabilitaciones han tenido efecto: la de Vizcarra (cinco años) por el caso Obrainsa y la de Víctor Zamora (diez años) por su rol en la pandemia. Ambas sanciones los excluyen de la carrera electoral de 2026. Las demás propuestas han sido rechazadas, prescritas o revertidas por el Poder Judicial.
En contraste, los casos que involucran a la presidenta Dina Boluarte y a legisladores afines no han tenido el mismo tratamiento. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha archivado denuncias por concusión contra las congresistas Rosío Torres y Magaly Ruiz, así como el caso “Rolexgate” contra Boluarte y las muertes ocurridas durante las protestas de 2022.
Incluso, el informe sobre el caso de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado fue archivado por recomendación del congresista Alejandro Cavero. Mientras tanto, la denuncia contra Manuel Merino también fue desestimada.
El patrón se repite en el caso de los congresistas investigados por presuntos vínculos con el grupo “Los Niños”. A pesar de las denuncias presentadas por la Fiscalía en 2023, no hay informes finales aprobados para avanzar en estos procesos.
La diferencia de trato entre opositores y aliados revela un uso político de las herramientas constitucionales. En este contexto, los pedidos de reconsideración buscan reactivar juicios políticos contra exautoridades, mientras el blindaje a figuras del oficialismo y del Legislativo permanece intacto.
