Trabajadores de la Defensoría del Pueblo en Huánuco han elevado serias denuncias sobre presuntas irregularidades en el reciente concurso público de méritos convocado para ocupar plazas bajo el régimen 728. Las acusaciones apuntan a un presunto direccionamiento político y vulneraciones al principio meritocrático, situación que, según advierten, se estaría replicando en otras regiones del país.
La denuncia —realizada de forma anónima ante el Diario Ahora— sostiene que en la sede de Huánuco se habría favorecido a una postulante externa, con vínculos partidarios, en desmedro de trabajadores con más de una década de experiencia en la institución. La seleccionada habría ejercido funciones en el Ministerio Público, pero sin trayectoria previa en la Defensoría, lo que ha generado malestar entre el personal institucional.
“Esto va más allá de una irregularidad administrativa”
Consultado por este medio, el abogado y especialista en derecho constitucional Pier Paolo Marzo sostuvo que la situación descrita reviste especial gravedad, ya que compromete no sólo la transparencia del proceso, sino también la legitimidad funcional de la entidad.
“En teoría, cualquiera puede postular a un cargo público, pero en el caso de la Defensoría del Pueblo se requiere un perfil técnico y ético muy claro: manejo de derechos fundamentales, experiencia en mediación de conflictos sociales y capacidad para persuadir a autoridades estatales. Si eso no se evalúa debidamente en la entrevista, el proceso está viciado”, advirtió Marzo.
El letrado cuestionó además que en varias regiones —incluidas Huánuco, Ucayali, Arequipa y La Libertad— se esté observando un patrón común: postulantes que obtuvieron altas calificaciones en los exámenes escritos son eliminados en la entrevista personal, mientras que quienes obtuvieron notas bajas terminan siendo seleccionados. “Eso requiere explicaciones claras. La entrevista no está para contradecir el examen, sino para complementar y confirmar el perfil del candidato”, explicó.
Riesgo de partidarización de una entidad clave
Una de las preocupaciones centrales, tanto de los denunciantes como del abogado, es la posible politización y captura partidaria de la Defensoría del Pueblo, una institución que históricamente ha cumplido un rol de supervisión electoral y defensa ciudadana.
“La Defensoría no puede convertirse en un botín político. Si los cargos están siendo ocupados como favores a partidos, especialmente a los congresistas que eligieron al actual defensor nacional, estamos ante un riesgo directo para la independencia de la institución”, señaló Marzo. Agregó que esta situación podría dejar inoperativa a la Defensoría en su rol como observador electoral de cara a los comicios próximos.
La denuncia local también menciona que los jurados de la entrevista habrían sido personas externas a la Defensoría, con poco conocimiento del perfil requerido, e incluso con actitudes poco profesionales, como responder llamadas telefónicas durante las entrevistas. “Esa no es una conducta técnica ni ética. Habría que exigir la entrega de las grabaciones, que suelen realizarse por protocolo en este tipo de procesos”, indicó el abogado.
Dato
Tanto los trabajadores como el especialista entrevistado han coincidido en que es urgente solicitar que la Defensoría publique los resultados detallados de las evaluaciones, justifique las decisiones de descalificación y haga públicos los videos de las entrevistas personales.
