En los últimos seis meses, Chile ha cambiado radicalmente su enfoque hacia la migración irregular en su frontera con Bolivia. En Colchane, una zona crítica para el ingreso de extranjeros por pasos no habilitados, el Gobierno ha cerrado dos centros de acogida y ha limitado la atención a los migrantes, priorizando la aplicación de un nuevo protocolo que permite la “reconducción” hacia Bolivia.
Roberto, un joven venezolano de 25 años, relató a EFE la dura travesía por el desierto altiplánico, con temperaturas bajo cero, sin agua ni comida. Indiana García, también venezolana, cruzó junto a su esposo y su bebé de dos años: “Fue horrible por el frío y la altura”, dijo.
Cada día, entre 30 y 40 personas cruzan de Bolivia a Chile acompañados de coyotes, según la Policía de Investigaciones. La fiscal Trinidad Steinert alertó que, pese a los riesgos, la frontera sigue siendo vulnerable. La migración irregular ha crecido de 10.000 personas en 2018 a casi 338.000 en 2023.
El Gobierno de Gabriel Boric ha invertido 16 millones de dólares en reforzar la seguridad fronteriza. Desde septiembre de 2024, se desmantelaron los Dispositivos Transitorios de acogida, alegando una baja en los ingresos irregulares y un acuerdo con Bolivia para devolver a quienes crucen por pasos no autorizados.
La delegada presidencial Ivonne Donoso justificó la medida como un “cambio de enfoque” para evitar un asistencialismo permanente. Sin embargo, organizaciones sociales y de derechos humanos advierten un retroceso.
“Colchane pasó de ser un centro de acogida a una sala de espera sin condiciones”, advirtió Anuar Quesille, defensor de la Niñez. La Fundación Madre Josefa alertó que estas medidas aumentan los riesgos de trata, violencia y muerte.
“La acogida es esencial para reorientar sus vidas con dignidad”, concluyó su directora, Karina Fauste.
