La separación familiar en el contexto migratorio vuelve a ser el centro de la controversia, con un caso particularmente alarmante que involucra a una niña venezolana de dos años. Tras la deportación de su madre a Venezuela, la menor permanece bajo custodia de las autoridades estadounidenses, generando una ola de indignación y peticiones de reunificación familiar.
Según la investigación publicada por The New York Times, el Departamento de Seguridad Nacional justifica la separación alegando la “seguridad y bienestar” de la niña, Maikelys Antonella Espinoza Bernal, sustrayéndola del manifiesto del vuelo de deportación de su madre.
La madre, Yorely Bernal, de 20 años, ingresó a los Estados Unidos junto a su pareja, Maiker Espinoza, y su hija en mayo de 2024, durante la administración del entonces Presidente Biden. Ahora, el padre se encuentra recluido en una prisión en El Salvador desde marzo, dejando a la niña completamente desamparada en territorio estadounidense. Esta situación expone las complejidades y desafíos que enfrentan las familias migrantes en busca de un futuro mejor, y cómo las políticas migratorias impactan directamente en la vida de los más vulnerables.
La administración Trump ha vinculado a los padres de la menor con la organización criminal venezolana Tren de Aragua, aunque no ha presentado pruebas sustanciales que respalden esta acusación. Esta práctica de asociar migrantes con actividades criminales ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, quienes denuncian la estigmatización y criminalización de la población migrante.
El caso de Antonella no es aislado. El reportaje revela que al menos tres niños, que son ciudadanos estadounidenses, fueron enviados a Honduras junto a sus madres este mes, decisiones que han provocado la protesta de los abogados de las familias. Esto plantea serias interrogantes sobre el respeto de los derechos de los ciudadanos estadounidenses y el debido proceso en el contexto de las políticas migratorias.
La situación de estos niños, separados de sus padres y despojados de su entorno familiar, pone de manifiesto la urgencia de revisar las políticas migratorias y priorizar el bienestar y la protección de la infancia. El debate sobre la reunificación familiar y los derechos de los migrantes se intensifica, exigiendo respuestas claras y acciones concretas por parte de las autoridades.
