La congresista Ruth Luque, integrante del Bloque Democrático Popular, denunció que la Presidencia de la República ha desembolsado un total de S/ 2.065.400 para financiar la defensa legal de 26 funcionarios, incluyendo a la presidenta Dina Boluarte y a los expresidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala.
De acuerdo a la información difundida, solo para la defensa de Boluarte, Toledo y Humala, el Ejecutivo gastó S/ 1.061.200. En el caso de la actual mandataria, se pagó S/ 180 mil al abogado Joseph Campos, contratado en abril de 2023 para representarla ante el Tribunal Constitucional en la demanda competencial que busca frenar investigaciones en su contra.
En el caso de Toledo, el Despacho Presidencial firmó contratos en julio de 2022 y en abril y noviembre de 2023, por un total de S/ 460 mil. Respecto a Humala, se realizaron dos contratos en abril y noviembre de 2023, sumando S/ 421.200. Ambos expresidentes han sido implicados en el caso Lava Jato.
Más allá de estas figuras principales, otros 23 funcionarios también recibieron financiamiento estatal para su defensa. Luque destacó que la Presidencia del Consejo de Ministros ha destinado más de S/ 855 mil para patrocinar a diversos funcionarios, incluidos ocho expremieres, siendo la defensa más costosa la del ex premier aprista Javier Velásquez Quesquén.
Ante esta situación, la congresista promueve un proyecto de ley que busca prohibir el financiamiento público de la defensa privada de funcionarios investigados. No obstante, el problema se extiende al propio Congreso de la República.
En diciembre pasado, la Mesa Directiva del Parlamento, liderada por Eduardo Salhuana, aprobó una medida que permite solventar con fondos públicos los honorarios legales de los congresistas. El límite de gasto fijado fue de S/ 42.800 por legislador. Considerando los 130 parlamentarios y el número creciente de investigados, el gasto potencial podría ser considerablemente alto.
La iniciativa de Ruth Luque apunta a frenar lo que considera un uso indebido de los recursos públicos, promoviendo una mayor transparencia y responsabilidad en el manejo del erario nacional.
