La conformación de nuevos partidos políticos en el Perú siempre genera expectativas, especialmente cuando prometen una renovación en la manera de hacer política. Sin embargo, la agrupación Nueva Gente, aún en proceso de inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se enfrenta a un escrutinio público debido a denuncias de afiliaciones indebidas, un problema recurrente en la política peruana que socava la confianza ciudadana en las instituciones y en el sistema electoral. Este tipo de acusaciones ponen en riesgo la legitimidad del partido antes, incluso, de participar en un proceso electoral.
Según la investigación publicada por El Comercio, Nueva Gente, a pesar de su nombre que sugiere un cambio de paradigma, está envuelta en controversias relacionadas con la validez de sus afiliaciones. Ninguno de sus fundadores o dirigentes principales cuenta con experiencia previa en cargos de elección popular, aunque algunos han intentado acceder a ellos sin éxito. El partido reservó su nombre ante el JNE el 22 de agosto de 2023, marcando el inicio formal de su proceso de inscripción.
Carlos Vega Santamaría, abogado con vínculos sindicales y presidente del partido, relató que la idea de Nueva Gente surgió en 2016. Inicialmente, la falta de recursos impidió su materialización, pero el proyecto se retomó en 2023. Vega menciona un estudio de “factibilidad” personal, incluyendo la participación de su hijo, para evaluar la percepción ciudadana. Este estudio habría revelado un deseo de “nuevas caras” en la política, lo que influyó en la elección del nombre “Nueva Gente.” Documentalmente, el acta de fundación data del 15 de septiembre de 2023, celebrada en un local del Centro de Lima. Se definen como un partido “demócrata progresista cristiano,” simbolizado por una espada con las siglas N.G.
La solicitud de reserva del nombre ante el JNE fue realizada por Carlos Oswaldo Vega Pereda, hijo de Carlos Vega Santamaría. Previamente, en julio de 2022, Vega Pereda había reservado el nombre de otro partido, “Pásate Perú,” un proyecto político diferente que no prosperó. Dentro de Nueva Gente, Carlos Vega Pereda ocupa los cargos de representante legal y secretario general nacional, además de ser uno de sus fundadores, consolidando su rol clave en la estructura organizativa.
Christian Miranda Orillo, ex gerente general de EsSalud designado en noviembre de 2021 y médico cirujano, figura como vicepresidente del partido. La estructura de Nueva Gente incluye, además de la vicepresidencia, 25 secretarías nacionales, según información del Registro de Organizaciones Políticas (ROP). Estas secretarías abarcan áreas temáticas y sectoriales diversas, desde Asuntos Sindicales hasta Justicia y Régimen Penitenciario.
En cuanto a las secretarías nacionales, se encuentran figuras como Ketty Solier Gonzáles, encargada de la Secretaría Nacional de Salud, quien postuló al Congreso en 1995 con Cambio 90 – Nueva Mayoría y militó en Podemos Perú hasta su renuncia en junio de 2024. Hugo Julio García Vargas, ingeniero alimentario con vínculos anteriores con Perú Posible y Acción Popular, lidera la Secretaría Nacional de Agricultura y Agroindustria. Arnaldo Cotrina Sánchez, abogado y médico cirujano, dirige la Secretaría Nacional de Organización, habiendo participado previamente en Justicia Nacional, Somos Perú y Unidad y Paz. Juan Carlos Alhuay Centeno, educador, abogado y administrador, y ex miembro del Partido Aprista Peruano, está a cargo de la Secretaría Nacional de Política.
Elva Gastelo Benavides, ex militante del Partido Popular Cristiano (PPC) y candidata a regidora provincial de Utcubamba (Amazonas) con Alianza para el Progreso (APP) en 2014, es miembro suplente del Tribunal Electoral Nacional. Jorge Pérez Portilla, con afiliación cancelada al PPC, preside el Tribunal Nacional de Ética y Disciplina, mientras que César Inga Mendoza, con afiliación cancelada en Perú Posible, es el tesorero suplente.
Las denuncias de afiliaciones indebidas han puesto a Nueva Gente bajo la lupa pública. Carlos Vega, presidente del partido, reconoció una “falta de control” en el proceso de recolección de fichas de afiliación, atribuyendo la distribución a las secretarías, comités y terceros. Si bien admite la falta de supervisión, desliza responsabilidad al Reniec y al JNE por no contar con sistemas de filtro eficientes. Vega niega rotundamente la existencia de una “fábrica de firmas falsas” y se muestra dispuesto a colaborar con las investigaciones fiscales y policiales.
