La corrupción en el sistema penitenciario peruano vuelve a ser noticia tras la desarticulación de dos organizaciones criminales que operaban impunemente en el penal de Huamancaca, en Huancayo, Junín. Este caso pone de manifiesto los desafíos persistentes en la seguridad y administración de los centros penitenciarios, donde, según las investigaciones, algunos funcionarios se ven comprometidos en actividades ilícitas, facilitando el ingreso de drogas y otros elementos prohibidos.
Según la investigación publicada por El Comercio, servidores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en lugar de cumplir con su deber, habrían establecido un sistema de sobornos para permitir el ingreso de sustancias ilícitas, incluyendo cocaína, pasta básica de cocaína y marihuana, al interior del penal.
El megaoperativo, denominado “Mantaro Arrasador 2025”, culminó con la detención preliminar de más de 25 personas, incluyendo a los funcionarios del INPE involucrados. La acción, que se extendió por quince días, requirió el despliegue de más de 200 efectivos policiales y fiscales, evidenciando la magnitud de la operación y la complejidad de la investigación. Durante la intervención en el penal, las autoridades lograron incautar una cantidad significativa de envoltorios conteniendo drogas, así como armas punzocortantes, que se encontraban ocultas en las celdas de los reclusos, confirmando las sospechas sobre el control que ejercían las organizaciones criminales dentro del penal.
Paralelamente, se realizaron allanamientos en varios domicilios vinculados a los investigados, donde se incautaron bienes y se procedió al levantamiento de las comunicaciones, con el objetivo de recabar más información y pruebas que permitan esclarecer los hechos y determinar el grado de participación de cada uno de los implicados. Las organizaciones criminales identificadas como “La Administración 2 del Penal” y “Los Proveedores” operaban de manera coordinada para garantizar el flujo de drogas y otros ilícitos dentro del penal de Huamancaca.
Los implicados enfrentan serias acusaciones por la presunta comisión de delitos graves, incluyendo organización criminal, cohecho pasivo propio y tráfico ilícito de drogas en agravio del Estado. De ser encontrados culpables, podrían enfrentar penas privativas de la libertad no menores de 15 años, lo que refleja la severidad de las leyes peruanas en la lucha contra la criminalidad organizada y la corrupción.
Cabe resaltar que esta importante operación fue el resultado de un arduo trabajo de inteligencia que se inició en el 2024, gracias a la articulación entre los órganos de inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin), el grupo Orión de la Dirección Antidrogas de la PNP y el Ministerio Público. Este esfuerzo conjunto demuestra la importancia de la colaboración interinstitucional en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción en el sistema penitenciario. Este caso se suma a una larga lista de denuncias sobre la situación en las cárceles peruanas, donde el hacinamiento, la falta de control y la corrupción facilitan la proliferación de actividades ilícitas.
