Según la investigación publicada por The New York Times, la detención de la jueza Hannah Dugan ha sido calificada por algunos como un ataque directo a la independencia del poder judicial y una escalada en la confrontación entre la administración Trump y los funcionarios locales que se oponen a sus políticas de inmigración.
La acusación contra la jueza Dugan se centra en su presunta ayuda a un inmigrante indocumentado para evadir a los agentes federales, facilitándole una salida por una puerta trasera de su juzgado. El incidente, ocurrido en Milwaukee, ha desencadenado reacciones encontradas, con defensores de la jueza argumentando que se trata de una represalia política por su postura progresista y su defensa de los derechos de los inmigrantes. Por otro lado, la fiscal general Pam Bondi defendió la detención, argumentando que nadie está por encima de la ley y que obstruir la justicia tiene consecuencias.
Este caso se suma a una serie de tensiones crecientes entre la administración Trump y el poder judicial, con el presidente y sus asesores criticando reiteradamente a los jueces por bloquear o cuestionar las acciones del gobierno, particularmente en casos relacionados con la inmigración. La administración Trump ha mantenido una postura firme contra las llamadas “ciudades santuario”, que limitan su cooperación con las autoridades federales en la detención y deportación de inmigrantes indocumentados. Esta política ha llevado a investigaciones y amenazas de enjuiciamiento contra funcionarios locales que obstaculizan los esfuerzos federales.
La detención de la jueza Dugan también ha generado preocupación entre los defensores de los derechos civiles y las organizaciones de defensa legal, quienes temen que este caso siente un precedente peligroso para la independencia judicial y el debido proceso. Han expresado su inquietud por el uso de cargos criminales para castigar a los jueces por sus decisiones o acciones relacionadas con casos de inmigración, lo que podría tener un efecto inhibidor en la capacidad de los jueces para ejercer su función de manera imparcial e independiente.
Entre los datos relevantes, se recuerda que en 2017, la administración Trump intentó vetar la entrada a ciudadanos de varios países de mayoría musulmana, una medida que fue bloqueada por los tribunales federales. De igual manera, en el año 2018, el gobierno federal demandó al estado de California por sus políticas de “santuario”, argumentando que obstruían la aplicación de las leyes de inmigración. En 2019, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley para proteger a los inmigrantes que cumplen con los requisitos para el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), pero el proyecto nunca fue aprobado por el Senado.
