El futuro del Proyecto Olmos, una iniciativa hídrica clave en la región de Lambayeque, ha tomado un nuevo rumbo. El gobierno peruano ha confirmado que no extenderá el contrato de concesión con la Concesionaria Trasvase Olmos S.A. (CTO), perteneciente al Grupo Novonor (antes Odebrecht), una decisión que marca un punto de inflexión en la gestión de este importante proyecto agrícola. La concesión actual, que permite el trasvase de agua desde la cuenca del Atlántico hacia la costa del Pacífico, vence en septiembre de 2025.
Según la investigación publicada por El Comercio, la decisión gubernamental se fundamenta en la falta de garantías para la renovación del contrato con la empresa vinculada a casos de corrupción, una postura que busca asegurar la transparencia y el adecuado manejo de los recursos públicos.
El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, fue enfático al declarar que la administración de la Presidenta Dina Boluarte no tolerará la corrupción, ni se comprometerá con empresas señaladas por prácticas irregulares. Esta firme postura representa un mensaje contundente en la lucha contra la corrupción y la defensa de los intereses del Estado. El Proyecto Olmos, concebido para transformar tierras desérticas en campos fértiles, ha sido objeto de controversia debido a los vínculos de Odebrecht con actos de corrupción a nivel regional y nacional.
Esta decisión reafirma lo expresado previamente por el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, quien en octubre de 2024 ya había anticipado la negativa a la prórroga solicitada por Trasvase Olmos. La empresa había formalizado una petición al Gobierno Regional de Lambayeque para extender el contrato de concesión por un período adicional de diez años. Sin embargo, la administración actual ha optado por explorar alternativas que garanticen una gestión más eficiente y transparente del proyecto.
Ante el vencimiento del contrato, el gobierno planea convocar a un concurso público para seleccionar a un nuevo operador que se encargue de la administración de la infraestructura. Se buscará implementar una Asociación Público-Privada (APP) que permita atraer inversión y experiencia técnica para asegurar el óptimo funcionamiento del sistema de trasvase y riego. Este modelo de gestión busca equilibrar la participación del sector privado con la supervisión y el control del Estado, garantizando así el cumplimiento de los objetivos del proyecto.
El Proyecto Olmos, cuya inversión total supera los 600 millones de dólares, ha logrado transformar miles de hectáreas de tierras áridas en zonas productivas, impulsando el desarrollo agrícola y la generación de empleo en la región. Sin embargo, los escándalos de corrupción asociados a Odebrecht han ensombrecido los logros del proyecto y han generado desconfianza en la gestión de este tipo de iniciativas. La no renovación del contrato con la Concesionaria Trasvase Olmos S.A. busca restaurar la confianza en el proyecto y asegurar su continuidad bajo una administración transparente y eficiente.
