Una contundente protesta internacional ha surgido contra la Ley N.º 32301, promulgada el pasado 14 de abril por la presidenta Dina Boluarte. Más de 270 periodistas, editores, medios independientes y organizaciones de 24 países se pronunciaron en un comunicado titulado “Perú: el periodismo bajo censura”, en el que rechazan la norma que refuerza a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), advirtiendo que vulnera directamente la libertad de prensa y los derechos fundamentales.
Esta ley otorga a la APCI mayores facultades para fiscalizar el financiamiento y uso de recursos de ONG, incluyendo aquellas que apoyan a medios independientes y defensores de derechos humanos. En la práctica, limita el acceso a recursos de cooperación internacional y prohíbe que se usen para acciones legales contra el Estado, afectando así a ciudadanos sin posibilidades de defensa y a periodistas que enfrentan acoso judicial.
“El Gobierno no solo exige que las organizaciones se inscriban obligatoriamente en la APCI, sino que también se reserva el derecho de autorizar y bloquear proyectos financiados con cooperación extranjera”, señalan los firmantes. En el comunicado también se alerta que esta normativa convierte a la APCI en un instrumento de control político, ahora bajo la dirección de un funcionario nombrado por el Ejecutivo.
Los periodistas enfatizan que se trata de un atentado contra principios constitucionales y estándares internacionales en materia de libertad de expresión. Subrayan que esta norma impone barreras desproporcionadas al ejercicio periodístico, colocando a la prensa bajo supervisión estatal.
El documento también denuncia que la ley responde a una alianza política entre el Congreso y el Ejecutivo, cuyo objetivo sería debilitar a los medios que han expuesto diversos casos de corrupción. “Para permanecer en el poder, buscan eliminar la prensa libre, acallando al periodismo crítico”, concluyen.
La aprobación de esta norma ocurre en un contexto de baja aprobación popular tanto para el Legislativo como para la presidenta Boluarte, y refleja una creciente tensión entre el Estado peruano y los defensores de la libertad informativa.
