El Tribunal Constitucional (TC) aceptó incorporar a la presidenta Dina Boluarte como tercero con interés en la demanda competencial presentada por el Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial y el Ministerio Público, lo que le permitirá intervenir directamente en la audiencia pública programada para este jueves 24 de abril en Arequipa.
La demanda, interpuesta en agosto de 2024, busca que el TC defina si un presidente en funciones puede ser investigado durante su mandato, ampliando la etapa preparatoria, a pesar de lo que señala el artículo 117 de la Constitución. Según dicho artículo, un jefe de Estado solo puede ser acusado por traición a la patria, impedir elecciones, disolver el Congreso inconstitucionalmente o impedir el funcionamiento del sistema electoral.
El TC precisó que, aunque Boluarte no forma parte del proceso como demandante, podrá presentar escritos y participar de forma oral durante la audiencia, al tener un interés legítimo en el resultado del caso. “Podrá aportar interpretaciones relevantes y participar en la audiencia pública correspondiente”, señala el pronunciamiento oficial.
Actualmente, Boluarte afronta ocho investigaciones fiscales por delitos como homicidio, lesiones graves, cohecho, enriquecimiento ilícito y abandono de cargo. Entre los casos más mediáticos se encuentran el denominado “Rolexgate”, las muertes durante protestas sociales, y el presunto financiamiento irregular por parte de los “Dinámicos del Centro”.
El abogado César Nakazaki consideró razonable la decisión del TC, al tratarse de un proceso donde la resolución puede impactar directamente en la situación legal de la mandataria. “El TC ha admitido su intervención porque cualquier decisión repercutirá en su posición jurídica”, señaló.
Por su parte, Ernesto Álvarez, expresidente del TC, advirtió que la decisión que se tome marcará un precedente en torno a la inmunidad presidencial. “Si el TC determina que se debe investigar a Boluarte, se pierde legitimidad y gobernabilidad, ya que tendría que centrar su atención en su defensa legal”, afirmó.
La audiencia se convierte así en un momento crucial para definir los límites del poder y la responsabilidad penal de un presidente en funciones.
