Según la investigación publicada por El Comercio, la congresista Olivos deberá comparecer ante la justicia bajo la amenaza de ser conducida por la fuerza pública, luego de que sus reiteradas ausencias y justificaciones no fueran aceptadas por el tribunal.
La sala encargada del juicio, que además de Castillo, incluye a sus exministros Betssy Chávez, Willy Huerta y Aníbal Torres (este último en calidad de asesor de la PCM), había citado a Olivos en dos oportunidades. La primera vez, la congresista argumentó su inasistencia debido a la semana de representación parlamentaria. Sin embargo, en su más reciente comunicación, Olivos manifestó que su declaración carecería de utilidad, ya que, según ella, no fue testigo directo de los hechos investigados y se enteró de lo sucedido a través de los medios de comunicación.
La congresista insistió en que no poseía datos relevantes sobre los acontecimientos investigados, ni información sobre las circunstancias previas, concomitantes o posteriores al presunto intento de golpe de Estado. Por lo tanto, consideró “infructuoso” que se insistiera en su convocatoria como testigo. Este argumento fue rechazado por todas las partes involucradas en el juicio, incluyendo la fiscalía, la procuraduría y los abogados defensores de los acusados, quienes coincidieron en la necesidad de su testimonio.
Durante la audiencia del martes 22 de abril, el tribunal escuchó la lectura del oficio remitido por Olivos, justo después de la participación del parlamentario Hamlet Echevarría y otros testigos presentados por el Ministerio Público. La jueza Norma Carbajal, al comunicar la decisión de la sala, enfatizó el carácter obligatorio de la declaración testimonial en un juicio y la inexistencia de un amparo legal que permita a un testigo solicitar su exención. El artículo 165 del Código Procesal Penal establece las causales legítimas para negarse a testificar, las cuales no se corresponden con las alegaciones presentadas por la congresista.
Ante la negativa del Poder Judicial, se ha dispuesto que Leslie Vivian Olivos comparezca obligatoriamente en la siguiente sesión, programada para el 6 de mayo. De no asistir, se procederá a su conducción compulsiva mediante la fuerza pública. La presencia de Olivos se considera crucial para esclarecer los hechos y garantizar el debido proceso en el juicio contra Pedro Castillo y los demás implicados. La defensa de Castillo ha insistido en la relevancia de todos los testimonios para construir una narrativa completa de los eventos que llevaron a su destitución.
Este caso pone de manifiesto la tensión entre el poder legislativo y el judicial en el contexto de un proceso de alto impacto político. La decisión del Poder Judicial reafirma la independencia y la autonomía del sistema judicial frente a las presiones políticas, así como la importancia del principio de igualdad ante la ley. La obligatoriedad de los testimonios en un juicio busca garantizar la transparencia y la búsqueda de la verdad, elementos fundamentales para el correcto funcionamiento de la justicia.
