La atención preventiva gratuita, pilar fundamental de la Ley de Asistencia Asequible (ACA), se encuentra nuevamente en el punto de mira del Tribunal Supremo. El lunes, durante la presentación de argumentos, los magistrados mostraron divisiones sobre la constitucionalidad de una disposición clave que obliga a las aseguradoras a cubrir sin costo ciertos servicios preventivos. Este debate surge en un contexto donde la ACA ha permitido que millones de estadounidenses accedan a servicios de salud esenciales, como exámenes de detección de cáncer y medicamentos preventivos.
Según la investigación publicada por The New York Times, la disputa se centra en una parte específica de la legislación de 2010, la cual estableció un grupo de trabajo encargado de determinar qué medidas preventivas deben ser cubiertas obligatoriamente por las compañías de seguros. Esta facultad delegada al grupo de trabajo es el núcleo del desafío legal.
Dos pequeñas empresas cristianas, que ofrecen seguros médicos a sus empleados, junto con algunos residentes de Texas, han demandado al gobierno federal, cuestionando la validez constitucional de este grupo de trabajo. Su principal objeción radica en que consideran que la aprobación, por parte del grupo de trabajo, de medicamentos profilácticos contra el VIH, sin costo alguno, “fomenta y facilita el comportamiento homosexual”, basándose en creencias religiosas.
El caso, conocido como Kennedy v. Braidwood Management, va más allá de esta objeción religiosa específica. La trascendencia del fallo podría afectar a decenas de millones de ciudadanos que se benefician de una amplia gama de servicios de salud gratuitos. Estos servicios incluyen pruebas de detección de cáncer y diabetes, medicamentos para reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares, y ungüento oftálmico para recién nacidos, crucial para prevenir infecciones que pueden causar ceguera. Estos beneficios forman parte integral del panorama de la salud pública estadounidense, y una decisión en contra podría desestabilizar este sistema.
La cuestión central es si la estructura del grupo de trabajo, al delegar la autoridad para determinar qué servicios preventivos deben ser cubiertos, viola la Constitución de los Estados Unidos. Los demandantes argumentan que esta delegación es demasiado amplia y carece de una supervisión adecuada, lo que lesiona sus derechos religiosos y su libertad de conciencia. El gobierno federal, por su parte, defiende la constitucionalidad de la disposición, argumentando que es necesaria para garantizar el acceso equitativo a la atención preventiva y mejorar la salud pública.
Un fallo favorable a los demandantes podría tener consecuencias devastadoras para el acceso a la atención médica preventiva en todo el país. Las aseguradoras ya no estarían obligadas a ofrecer estos servicios de forma gratuita, lo que podría llevar a que muchas personas eviten buscar atención preventiva debido a los costos, con el consiguiente aumento de enfermedades prevenibles y costos de atención médica a largo plazo. Además, podría abrir la puerta a desafíos similares contra otras disposiciones de la ACA, poniendo en peligro la estabilidad del sistema de salud en general.
