Pese a las críticas persistentes, la presidenta Dina Boluarte continúa respaldando a figuras cuestionadas que pasaron por su Gabinete. En un patrón ya recurrente, exministros con gestiones polémicas han vuelto a ocupar cargos públicos, esta vez como asesores o líderes en otras carteras. Entre los nombres destacan Juan José Santiváñez, Julio Demartini y Leslie Urteaga.
Juan José Santiváñez, censurado como ministro del Interior por su ineficacia frente al aumento de la criminalidad, fue reincorporado como asesor en el Despacho Presidencial. Desde el 17 de abril, encabeza la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental, con un salario mensual de S/ 17.568. Su cercanía a Boluarte genera sospechas sobre si su reubicación responde a la necesidad de mantenerse bajo control ante posibles colaboraciones con la justicia.
Julio Demartini, implicado en el escándalo de alimentos en mal estado del programa Qali Warma, también regresó al Estado. Tras su renuncia al Midis, fue contratado como asesor en el Mincetur, con un sueldo de S/ 15.600. Inicialmente, Boluarte manifestó enviarlo como embajador a la Santa Sede, opción que le habría otorgado inmunidad diplomática.
Por su parte, Leslie Urteaga volvió al Ejecutivo tras un breve receso, esta vez liderando el Midis. Está siendo investigada por presunta corrupción durante su gestión en el Ministerio de Cultura, vinculada a la compra irregular de hitos de concreto. Además, su gestión actual enfrenta denuncias por intoxicación de escolares tras consumir productos del programa Wasi Mikuna.
Según el politólogo Víctor Ueda, estas reincorporaciones responden a una dependencia funcional: «La presidenta se apoya en actores clave que le ayudan a orientar la agenda política. En contextos de crisis, evita cambios que puedan aumentar la tensión con otros poderes, como el Congreso».
Este patrón de reciclaje en el Ejecutivo refleja una estrategia política que prioriza la lealtad y el control, por encima de las denuncias o el rendimiento institucional.
