El mundo se enfrenta a una creciente guerra comercial, un escenario que pocos anticiparon en su magnitud. El reciente incremento arancelario del 10% impuesto por Estados Unidos ya afecta a Perú, sumándolo a una larga lista de más de 70 países que buscan renegociar acuerdos para obtener un trato comercial más favorable. Este panorama exige un análisis exhaustivo de las estrategias disponibles para el gobierno peruano, en un contexto económico global marcado por la incertidumbre y la volatilidad de los mercados. La situación actual recuerda las tensiones comerciales de la década de 1980, aunque con nuevos actores y dinámicas.
Según la investigación publicada por El Comercio, es fundamental evaluar los argumentos de Estados Unidos para justificar estas medidas “recíprocas”.
Uno de los principales puntos de fricción radica en la protección de la propiedad intelectual. Se argumenta que Perú ha incumplido compromisos internacionales, permitiendo que el contrabando, la piratería y la falsificación generen pérdidas anuales estimadas en US$2.000 millones. A pesar de los esfuerzos de fiscalización, los resultados parecen insuficientes. En 2024, el Indecopi impuso más de 250 multas por falsificación, sumando más de S/10 millones en sanciones, y en coordinación con la Sunat, se incautó mercadería falsificada por alrededor de S/50 millones. Sin embargo, estas cifras contrastan con la magnitud del problema, evidenciando la necesidad de fortalecer las estrategias de control y sanción.
En cuanto a la supuesta discriminación de empresas estadounidenses en la adjudicación de obras públicas, la realidad parece ser otra. El interés de estas empresas se centra más en la venta de equipamiento que en la participación en licitaciones, ya sean gobierno a gobierno o asociaciones público-privadas (APP). De los 146 contratos de APP adjudicados por Pro Inversión desde el 2000, por un valor de US$ 46.500 millones, solo seis fueron suscritos por empresas estadounidenses, con inversiones que alcanzaron los US$3.300 millones. En contraste, solo en el 2024, Perú importó bienes intermedios y de capital estadounidenses por más de US$9.000 millones. Este dato sugiere que el modelo de negocio estadounidense en Perú prefiere transacciones comerciales directas en lugar de compromisos a largo plazo con el Estado.
La imposición de aranceles como medida para mejorar los procesos de análisis de impacto regulatorio y consulta pública también es discutible. Si bien Perú ha cumplido con las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), aún enfrenta desafíos en la implementación efectiva de estas recomendaciones. Aunque avanzar hacia estándares más altos es crucial, el progreso limitado no parece justificar el desconocimiento de los acuerdos comerciales por parte de Estados Unidos. Estos acuerdos han proporcionado la seguridad necesaria para atraer inversión extranjera estadounidense a Perú.
Un aspecto importante a considerar es el creciente interés de China en invertir en el país. A pesar de que estas inversiones han aumentado significativamente, es importante ponerlas en perspectiva. China es el quinto inversionista en Perú, con una participación del 5% del ‘stock’ de inversión extranjera directa, detrás del Reino Unido (18%), España (17%), Chile (12%) y Estados Unidos (11%). Es crucial que los negociadores peruanos eviten que este tema se convierta en un punto de conflicto en la relación bilateral.
Ante este escenario complejo, las autoridades peruanas deben actuar con prudencia y mostrar disposición para abordar las áreas de incumplimiento y aclarar cualquier duda existente. Los próximos 90 días serán cruciales para evaluar las habilidades políticas de los negociadores y determinar el futuro de la relación comercial entre Perú y Estados Unidos. La defensa de los intereses nacionales y la estabilidad económica del país están en juego.
