La financiación climática federal experimenta un importante impulso tras el levantamiento de restricciones judiciales a cientos de millones de dólares destinados a organizaciones sin ánimo de lucro. Estos fondos, prometidos bajo la administración Biden, habían permanecido bloqueados, generando incertidumbre en la implementación de proyectos clave para la mitigación del cambio climático. Recordemos que la “Ley de Reducción de la Inflación” y la “Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos” de 2021 y 2022 marcaron un hito en la asignación de recursos para la transición energética y la modernización de infraestructuras sostenibles.
Según la investigación publicada por The New York Times, dos fallos judiciales emitidos el martes desbloquearon centenares de millones de dólares en fondos federales destinados a iniciativas climáticas, beneficiando a organizaciones sin fines de lucro a las que se les había negado el acceso al dinero prometido bajo la administración Biden.
La jueza Tanya S. Chutkan, del Tribunal Federal del Distrito de Columbia, ordenó la liberación inmediata de hasta $625 millones en subvenciones climáticas. Estos fondos, pertenecientes al Fondo de Reducción de Gases de Efecto Invernadero de $20 mil millones, también conocido como programa “banco verde”, habían sido congelados desde mediados de febrero. Este fondo, destinado a catalizar inversiones en tecnologías limpias y proyectos de energía renovable, se convirtió en un blanco principal de Lee Zeldin, administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA).
Paralelamente, la jueza Mary S. McElroy, del Tribunal Federal del Distrito de Rhode Island, instruyó a cinco agencias federales a descongelar la financiación ambiental y de infraestructura que había sido previamente adjudicada a organizaciones sin fines de lucro durante el mandato de la administración Biden. La decisión de la jueza McElroy se fundamenta en la demostración, por parte de las organizaciones sin fines de lucro, de que la congelación indefinida, implementada por la administración Trump, carecía de una justificación razonable y de una explicación adecuada.
En su dictamen, McElroy añadió que las organizaciones sin fines de lucro probablemente podrán demostrar que las suspensiones fueron “fundamentalmente arbitrarias”. Este argumento se alinea con la postura de varios expertos legales que han cuestionado la legalidad de las decisiones de la administración Trump de suspender o revocar financiamiento previamente comprometido.
Estos litigios se suman a una serie de demandas presentadas en contra de las acciones de la administración Trump de congelar miles de millones de dólares en fondos que habían sido asignados a través de dos leyes aprobadas en 2021 y 2022: la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos y la Ley de Reducción de la Inflación. Estas leyes, pilares de la agenda climática de la administración Biden, buscan impulsar la transición hacia una economía baja en carbono y fomentar el desarrollo de infraestructuras resilientes al cambio climático.
