La creciente inseguridad ciudadana ha escalado a un punto crítico, generando una respuesta urgente desde diversos frentes gubernamentales. La jornada del jueves pasado estuvo marcada por una serie de eventos interconectados, desde un paro de transportistas que evidenció la vulnerabilidad del país, hasta intensas deliberaciones en el Consejo de Ministros y el Congreso, buscando soluciones legislativas para contener la ola delictiva. Un dato contextual importante es que, según el INEI, la percepción de inseguridad ciudadana aumentó en un 15% durante el último trimestre, reflejando la preocupación generalizada de la población.
Según la investigación publicada por El Comercio, la intensa actividad legislativa culminó con la aprobación de un paquete de iniciativas destinadas a reformar la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio del Interior (Mininter), buscando una lucha más efectiva contra la criminalidad.
La ley aprobada, denominada “Ley que establece medidas para la lucha efectiva contra la criminalidad a fin de garantizar la seguridad ciudadana” (que agrupa los proyectos 7567/2023-CR, 10044/2024, 10189/2024-CR y 10266/2024-CR), obtuvo un respaldo significativo de 86 legisladores, quedando además exonerada de una segunda votación gracias al apoyo de 81 congresistas. La norma faculta al gobierno a implementar medidas extraordinarias con el objetivo de modernizar la PNP, proveyéndola de recursos y herramientas que le permitan enfrentar con mayor eficacia el crimen organizado y la delincuencia común. Se busca, en esencia, optimizar el uso de los recursos públicos, agilizar los procesos operativos y priorizar la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía, todo ello bajo una coordinación intersectorial.
Esta legislación tendrá una vigencia de 180 días calendario a partir de su promulgación. Es crucial resaltar que, a pesar de haber sido considerada inicialmente, la declaratoria de emergencia de la Policía Nacional no fue incluida en el paquete final de medidas aprobadas. Un aspecto central de la ley es la exoneración de ciertas normas presupuestales para facilitar la gestión dentro del Mininter, buscando agilizar los procesos logísticos y presupuestarios en beneficio de la PNP y del sector Interior, permitiendo una respuesta más ágil ante el estado de emergencia decretado por la creciente inseguridad. Se autoriza al Mininter, así como a los gobiernos regionales y locales, a realizar adquisiciones de bienes y servicios de manera expedita durante este período de emergencia, sin los trámites administrativos habituales, aunque bajo el control concurrente de la Contraloría General de la República.
En cuanto al personal policial, se contempla un incentivo económico para aquellos que presten servicios de patrullaje a pie, patrullaje motorizado y operaciones focalizadas de investigación, todo esto en el marco de la lucha contra la delincuencia común y la inseguridad ciudadana. Para hacer posible este beneficio, el Mininter ha sido eximido de ciertas restricciones presupuestarias que limitan los aumentos salariales y bonificaciones en el sector público. Adicionalmente, se autoriza a los gobiernos regionales y locales a realizar transferencias financieras al Mininter para financiar proyectos y actividades relacionados con la reducción de delitos y faltas contra la seguridad ciudadana, siempre y cuando se formalicen los acuerdos mediante convenios y se publiquen en el diario oficial El Peruano.
Un elemento clave de esta reforma es la reestructuración del Mininter y la PNP, para lo cual se ha establecido un plazo de 90 días hábiles para evaluar la situación actual y plantear una propuesta de reorganización de ambas instituciones. Según Ricardo Valdés, exviceministro del Interior, una prioridad urgente es cerrar la brecha en la dotación vehicular de la PNP, recuperando unidades inoperativas y garantizando una presencia policial permanente en las calles. Valdés también enfatiza la necesidad de modernizar los sistemas de comunicación de la PNP, adquirir radios con sistemas troncalizados y mejorar las unidades de investigación criminal e inteligencia, incluyendo la implementación de inteligencia artificial en la base de datos de la policía. Frank Casas, experto en seguridad y crimen organizado, subraya la importancia de ejecutar el “Plan Mariano Santos Mateo al 2023”, que ya establece prioridades para fortalecer la PNP y cerrar las brechas existentes.
La ampliación del Sistema de geolocalización de vehículos (Sipcot) y la creación de más laboratorios de investigación criminal a nivel macrorregional son otras de las medidas propuestas para fortalecer la lucha contra la delincuencia. Nicolás Zevallos, director del Instituto de Criminología, destaca la necesidad de contar con unidades policiales altamente especializadas y fiscalías que trabajen de la mano para obtener resultados efectivos. La formación y capacitación del personal policial, especialmente de los suboficiales, también es un aspecto crucial que debe ser abordado de manera integral.
