La alimentación escolar en Perú se encuentra en un punto crítico tras el anuncio del gobierno sobre la “extinción” del programa Wasi Mikuna, sucesor del conocido Qali Warma. Esta decisión se tomó luego de una serie de incidentes de intoxicación que afectaron a estudiantes en diversas regiones, tales como Áncash, Amazonas, Junín y Piura. La problemática se agrava al recordar los antecedentes de corrupción, como el caso de las conservas Don Simón, donde se detectó la utilización de alimentos en mal estado o incluso carne equina, poniendo en riesgo la salud de los beneficiarios.
Según la investigación publicada por El Comercio, la medida ha generado incertidumbre sobre el futuro de la alimentación de 4.2 millones de escolares a nivel nacional, quienes dependen de este programa para recibir al menos una comida diaria.
La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga, declaró el estado de emergencia y anunció la pronta extinción del programa, comprometiéndose a reconfigurar el esquema para garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos. Urteaga reconoció las limitaciones existentes debido a los contratos preestablecidos con los proveedores, lo que impedía la compra directa a los fabricantes. Ante esta situación, la ministra planteó la necesidad de establecer nuevas modalidades que aseguren la salubridad y el valor nutricional de los alimentos, enfatizando el compromiso del gobierno de entregar alimentos de calidad y priorizar la economía local mediante la adquisición de productos regionales.
La suspensión del consumo de conservas de pescado, pollo y pavita en todas las escuelas del país fue una de las primeras acciones tomadas por Wasi Mikuna para evitar más casos de intoxicación. A su vez, Sanipes inhabilitó a la empresa Karsol por incumplir normas técnicas, lo que llevó a la inmovilización de todos sus productos a nivel nacional. Estos eventos resaltan la urgencia de una revisión exhaustiva de los procesos de control y calidad dentro del programa.
La exministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, ha cuestionado el cambio de enfoque del programa, señalando que Qali Warma se centraba en proporcionar un desayuno nutritivo para mejorar el rendimiento escolar, mientras que Wasi Mikuna parece orientarse más hacia el fomento de la economía local. Bustamante advierte que un programa diseñado para dinamizar la economía local no necesariamente cumple con el objetivo principal de la alimentación escolar, generando dudas sobre las prioridades del gobierno actual. Un punto crítico señalado por Bustamante es el piloto implementado en Piura, Cusco y Ayacucho, donde se entregan subvenciones económicas a los padres para la compra de alimentos, lo que podría generar riesgos debido a las carencias de infraestructura en muchos centros educativos, especialmente en el acceso a agua potable y cocinas adecuadas.
Norma Correa, experta en políticas públicas, también ha expresado su preocupación por la falta de claridad en la implementación de la extinción de Wasi Mikuna. Correa enfatiza la necesidad de tomar medidas urgentes para evitar que los estudiantes sigan consumiendo alimentos contaminados y subraya la importancia de revisar los procesos de compra, sancionar a los proveedores responsables y fortalecer la supervisión. La experta recuerda que el presupuesto destinado a la supervisión se redujo en 2023, lo que pudo haber contribuido a la actual crisis, y enfatiza la importancia de aclarar el rol del programa tras su adaptación durante la pandemia, cuando se convirtió en un mecanismo de distribución de alimentos.
El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), en respuesta a las consultas sobre el futuro de Wasi Mikuna, ha asegurado que la extinción del programa no implicará la suspensión del servicio de alimentación. El Midis planea establecer nuevas modalidades que garanticen la calidad de los alimentos, priorizando la corresponsabilidad con los padres de familia y la comunidad educativa. Se contempla reforzar la modalidad de subvención económica, que ya se está implementando en algunas regiones, y generar núcleos ejecutores, como los que se utilizan en el programa Foncodes. El ministerio también ha informado sobre la separación de personal involucrado en casos de corrupción y ha trasladado las denuncias a la Fiscalía para que se establezcan las responsabilidades correspondientes.
Finalmente, Daniel Linares, abogado de la Asociación de Proveedores de Wasi Mikuna, argumenta que los problemas de intoxicación podrían deberse a errores en las fichas técnicas elaboradas por las autoridades y a la inadecuada manipulación y almacenamiento de los alimentos en las escuelas. Linares señala que los proveedores solo se encargan de la distribución de los productos y que la responsabilidad de la calidad recae en los fabricantes y en las condiciones en que se conservan los alimentos en los centros educativos, evidenciando la complejidad del sistema y la necesidad de una revisión integral que involucre a todos los actores.
