La seguridad ciudadana en Perú ha alcanzado un punto crítico, evidenciado por el reciente paro de transportistas en Lima y Callao, impulsado por la creciente ola de criminalidad. Este contexto sirvió de marco para las polémicas declaraciones del congresista Edwin Martínez durante un pleno temático en el Parlamento, donde se debatían soluciones ante la crisis.
Según la investigación publicada por El Comercio, el parlamentario propuso medidas drásticas y controvertidas para abordar la inseguridad, generando un intenso debate en la esfera pública y política.
Martínez sugirió que los homicidas peruanos tomaran la justicia por mano propia, eliminando a los delincuentes extranjeros, argumentando que la ciudadanía se encuentra «prisionera en las calles». Esta declaración se suma a su propuesta de expulsar a todos los extranjeros en situación migratoria irregular, vinculando la «ilegalidad» directamente con el sicariato, la delincuencia, y otros crímenes graves. Cabe destacar que, según datos de la Superintendencia Nacional de Migraciones, la población extranjera en Perú ha aumentado significativamente en los últimos años, generando tensiones en algunos sectores.
El congresista enfatizó la necesidad de una acción contundente por parte del Estado, llegando a plantear la declaratoria del estado de sitio, medida que implicaría la suspensión de garantías constitucionales. Argumentó que la vida de los ciudadanos, incluyendo la de altos funcionarios como la presidenta Dina Boluarte y sus ministros, está en constante riesgo. Es importante recordar que el estado de sitio es una medida excepcional contemplada en la Constitución Política del Perú, que solo puede ser decretada en casos de grave perturbación del orden interno o calamidad pública.
Martínez justificó su propuesta señalando la supuesta inacción del gobierno frente a la «tremenda ola de criminalidad». Insistió en la urgencia de deportar a los extranjeros en situación irregular, estimando su número en 1.2 millones. Afirmó que estos individuos representan una amenaza directa para la seguridad del país, asociándolos con delitos como el sicariato, el asesinato, la violación y otros crímenes violentos.
Momentos antes de su intervención en el pleno, el congresista había planteado la implementación del estado de sitio en declaraciones al canal del Congreso. Sus palabras reflejan un clima de creciente preocupación y frustración ante la persistencia de la delincuencia y la percepción de falta de efectividad de las medidas implementadas hasta el momento. Estas declaraciones se producen en un contexto social marcado por la desconfianza en las instituciones y la demanda ciudadana por mayor seguridad.
Las reacciones a las propuestas de Martínez no se hicieron esperar, generando un amplio espectro de opiniones. Mientras algunos sectores respaldan su postura como una medida necesaria para proteger a la población, otros la critican duramente por considerarla xenófoba, discriminatoria e incitadora a la violencia. El debate continúa abierto, reflejando la complejidad del problema de la seguridad ciudadana y la dificultad de encontrar soluciones efectivas y respetuosas de los derechos humanos.
