La Comisión de Constitución del Congreso aprobó con 14 votos a favor un dictamen que modifica el reglamento parlamentario para permitir la suspensión de altos funcionarios del Estado con tan solo 50 votos en el Pleno. Esta propuesta fue presentada por la congresista Patricia Juárez (Fuerza Popular) y respaldada por bancadas como Perú Libre, Renovación Popular, APP, Avanza País, Somos Perú y Bloque Magisterial.
La iniciativa amplía el alcance del artículo 89 del reglamento, que hasta ahora solo permite suspender a congresistas acusados constitucionalmente. Con esta modificación, la medida se extiende a jueces supremos, fiscales supremos, magistrados del Tribunal Constitucional, miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y ministros de Estado. El proceso de suspensión se podría aplicar mientras duren las investigaciones del Ministerio Público.
El dictamen fue aprobado en una sesión presidida por Luis Aragón (Acción Popular), quien destacó que “no solo los parlamentarios pueden ser acusados constitucionalmente”. Sin embargo, la propuesta generó críticas. Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) advirtió que “se busca aplicar la norma incluso a procesos en trámite” y recordó los casos recientes de inhabilitación de magistrados de la JNJ, que fueron aprobados con el voto justo de 67 congresistas.
Actualmente, para inhabilitar a un alto funcionario se requiere una mayoría calificada (dos tercios del Pleno), sin contar a los integrantes de la Comisión Permanente. La reforma plantea que bastaría con mayoría simple, abriendo la posibilidad de suspensiones indefinidas con menos respaldo.
De aprobarse en el Pleno, figuras como Jorge Salas Arenas, Delia Espinoza y Janet Tello podrían ser suspendidas con menos votos de los necesarios hoy. Incluso ministros del gobierno de Dina Boluarte, el contralor o el defensor del Pueblo podrían ser alcanzados por esta medida, lo que genera preocupación en sectores que advierten un uso político del Congreso sobre instituciones clave.
