El expresidente Pedro Castillo ha sido suspendido de su derecho a la palabra en el juicio que enfrenta por el intento de golpe de Estado perpetrado el 7 de diciembre de 2022. La decisión fue tomada por el juez José Neira, presidente del tribunal, tras una serie de enfrentamientos y conductas disruptivas que han marcado el desarrollo del proceso judicial. Castillo ha desafiado abiertamente la autoridad del tribunal, cuestionado la imparcialidad de los magistrados y desobedecido reiteradamente las normas procesales, lo que derivó en un ambiente de tensión e interrupciones constantes en la sala.
“Esta sala no puede continuar con el desarrollo del juicio en medio del desorden. Por ello, se suspende el derecho a la palabra del acusado Pedro Castillo”, expresó el magistrado durante una de las sesiones más tensas del juicio. Esta medida se adoptó luego de que el exmandatario realizara comentarios que fueron considerados como agravios directos hacia los jueces, alterando gravemente el orden procesal. Según Abigail Villantoy Gómez para Infobae
Un juicio marcado por la confrontación
Desde el inicio del proceso, Pedro Castillo ha mantenido una actitud confrontacional. En las primeras audiencias, acusó al tribunal de parcialidad, negándose a seguir los procedimientos establecidos y arremetiendo directamente contra la directora de debates. Esta postura desafiante ha provocado múltiples fricciones con los magistrados, generando un ambiente hostil que ha dificultado el desarrollo normal del juicio.
Según el artículo 375 del Código Penal peruano, cualquier conducta que perturbe el orden en lugares donde las autoridades ejercen funciones –como una sala de audiencias– puede ser sancionada. En este contexto, la conducta del expresidente ha sido calificada por los jueces como una infracción grave a esta normativa, al punto de justificar la restricción de su derecho a intervenir durante el proceso.
Tensión también desde la defensa
Las interrupciones no solo han provenido de Pedro Castillo. Sus abogados han contribuido al caos con reiteradas objeciones e intentos de revertir las decisiones del tribunal. Uno de los episodios más críticos ocurrió cuando uno de sus defensores solicitó un recurso de reposición argumentando la vulneración del derecho a la libre expresión de su defendido. La solicitud fue inmediatamente rechazada por el tribunal, que consideró que el comportamiento del acusado ya había comprometido el correcto desarrollo de la audiencia.
“Exigimos respeto al tribunal y al proceso. Las reglas están claras y deben cumplirse por todas las partes”, declaró el juez Neira, tras reprender enérgicamente a los abogados por incumplir con los protocolos procesales. El magistrado dejó en claro que no se tolerarían más interrupciones o actos de indisciplina dentro de la sala.
Avances a pesar del desorden
A pesar del clima de tensión, el juicio ha avanzado con la incorporación de testimonios clave para esclarecer los hechos en torno al intento de autogolpe. Uno de los momentos más relevantes fue la declaración de Rosario Gatti, ex edecán de la presidencia del Consejo de Ministros, quien confirmó que periodistas del canal estatal ingresaron a Palacio de Gobierno para transmitir un mensaje a la nación por parte de Castillo días antes del 7 de diciembre de 2022.
“Los periodistas llegaron por orden expresa del entonces presidente para preparar una alocución pública”, afirmó Gatti, añadiendo detalles sobre la organización interna previa al anuncio que intentó disolver el Congreso. Su testimonio fue determinante para reconstruir la cronología de los eventos que culminaron con la detención del exmandatario.
Otro testimonio relevante fue el de Nathaly Vega Tafur, excandidata al Congreso por Perú Libre, quien relató el intento fallido de Pedro Castillo por refugiarse en la Embajada de México. Según Vega, “el plan de asilo estaba en marcha, pero no se concretó debido a la captura del expresidente antes de llegar a la sede diplomática”. Este relato permitió entender las maniobras del círculo cercano de Castillo en los momentos posteriores al intento de golpe.
Un proceso que enfrenta obstáculos
El juicio ha sido constantemente interrumpido por la actitud de Castillo, lo que ha generado frustración tanto en los jueces como en los testigos y abogados involucrados. El tribunal busca mantener el orden y la imparcialidad del proceso, mientras enfrenta la presión mediática y política derivada de un caso de alto impacto nacional.
La decisión de suspender el derecho a la palabra del acusado, si bien es inusual, responde a la necesidad de preservar la integridad del proceso judicial. Esta medida también ha abierto un debate sobre los límites del derecho a la defensa y el equilibrio entre garantizar el debido proceso y mantener la autoridad del tribunal.
A medida que avanza el juicio, se espera que nuevas pruebas y testimonios continúen aportando elementos clave para esclarecer las responsabilidades del expresidente y su entorno. Por ahora, Pedro Castillo permanece en prisión preventiva, enfrentando una solicitud fiscal de 34 años de pena privativa de la libertad por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación del orden público.
Un mensaje a la institucionalidad
El caso de Pedro Castillo es visto como una prueba para la solidez de las instituciones democráticas peruanas. El intento de disolución del Congreso y el nombramiento de un “gobierno de emergencia” generaron una crisis política sin precedentes en la historia reciente del país.
El juicio en curso es observado tanto a nivel nacional como internacional como un ejemplo de cómo el sistema judicial responde frente a actos que vulneran el orden constitucional. Por ello, la transparencia, la firmeza y el respeto al debido proceso serán claves en el desenlace de este proceso.
En palabras del juez Neira, “la justicia no puede ser rehén de actos de desobediencia o manipulación. El tribunal tiene la obligación de actuar con imparcialidad, pero también con autoridad”. Así, el juicio a Pedro Castillo se perfila no solo como un proceso penal, sino como un símbolo de la defensa del estado de derecho en el Perú.
