Desde una mirada jurídica y con severo cuestionamiento institucional, el presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Huánuco, John Henry Martel Trujillo, ha expresado su alarma frente a las restricciones impuestas por la Ley 32130, norma que —según afirma— vacía de contenido el rol del fiscal en las investigaciones penales.
Según Martel Trujillo, esta ley transfiere la dirección de las diligencias investigativas a la Policía Nacional, dejando al Ministerio Público en una función meramente consultiva. “El fiscal solo opina qué diligencias realizar, pero es la Policía quien las ejecuta, y esta no está preparada ni equipada para responder adecuadamente”, señaló. A su juicio, esto contradice los artículos 158 y 159 de la Constitución, que establecen la conducción funcional de la investigación en manos del fiscal.
De acuerdo con el magistrado, el Ministerio Público se ha visto obligado a presentar una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, argumentando que esta norma vulnera su autonomía y limita su capacidad para enfrentar eficazmente el crimen. A ello se suma, indica, una crisis operativa en la Policía: escasez de personal, falta de preparación jurídica y deficiencia logística. Estas carencias —sostiene— afectan directamente el desarrollo de investigaciones preliminares, ralentizan la toma de testimonios clave y perpetúan la impunidad.
“La investigación está estancada. No se toma declaración a testigos ni a agraviados. Esta es una realidad que debilita el sistema judicial y favorece a quienes buscan evadir la justicia”, remarcó. Además, denunció que el debilitamiento del rol del fiscal genera un peligroso precedente en la lucha contra delitos de alta complejidad como la corrupción.
En ese sentido, fue enfático: “Nada justifica los actos de corrupción. Sin importar el cargo o la procedencia de los involucrados, todos deben ser procesados conforme a ley. La Fiscalía Anticorrupción debe actuar sin titubeos”.
Consultado sobre el contexto político y la posible destitución de la fiscal de la Nación, Martel Trujillo alertó que ello podría desencadenar un escenario de inestabilidad jurídica e institucional. Aunque evitó emitir juicios partidarios, sostuvo que socavar al Ministerio Público y al Poder Judicial debilita gravemente la democracia.
Finalmente, instó al Congreso de la República a asumir una postura racional, ponderada y consciente de las consecuencias que podrían derivarse de sus decisiones. “Lo que está en juego no es solo una persona, sino la estructura democrática y el respeto al orden constitucional del país”, concluyó.
