La salud pública en Estados Unidos enfrenta un nuevo desafío con la reciente exigencia de la administración Trump de realizar recortes adicionales al presupuesto de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Esta medida, que se suma a la ya sensible reducción de personal, plantea serias interrogantes sobre la capacidad del país para responder a emergencias sanitarias y mantener programas esenciales de prevención. La iniciativa se enmarca dentro de un programa gubernamental denominado Departamento de Eficiencia Gubernamental.
Según la investigación publicada por The New York Times, además de la disminución de personal, los reguladores federales están solicitando la cancelación de $2.9 mil millones en contratos.
La solicitud de la administración Trump, hecha pública hace aproximadamente dos semanas, exige a los CDC recortar cerca del 35 por ciento de su gasto en contratos, representando una importante contracción en sus operaciones. Los funcionarios de la agencia recibieron la instrucción de cumplir con esta directiva antes del 18 de abril.
Esta exigencia de recortes, que se suma a la pérdida ya sufrida de 2,400 empleados, casi una quinta parte de su fuerza laboral, podría afectar gravemente la capacidad de la agencia para llevar a cabo sus funciones esenciales. La administración ya despidió a científicos del CDC enfocados en salud ambiental y asma, lesiones, prevención de violencia, envenenamiento por plomo, tabaquismo y cambio climático, programas vitales para la protección de la salud pública.
Tom Inglesby, director del Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud en la Escuela de Salud Pública Bloomberg, quien asesoró a la administración Biden durante la pandemia de Covid-19, advirtió sobre las consecuencias de estas medidas. Afirmó que, si bien cualquier organización puede encontrar pequeñas mejoras, estas demandas, por su magnitud y rapidez, pueden desestabilizar a las instituciones. Inglesby enfatizó que esta no es la forma de beneficiar al público ni a su salud.
El mayor contrato del CDC, de aproximadamente $7 mil millones anuales, se destina al programa Vacunas para Niños, que proporciona vacunas a padres que no pueden pagarlas. Este programa está legalmente establecido y no se verá afectado por los recortes, según un alto funcionario que habló bajo condición de anonimato. No obstante, otros contratos del CDC incluyen gastos en tecnología, seguridad, servicios de limpieza y gestión de instalaciones, así como la contratación de personal para construir y mantener sistemas de datos y para proyectos de investigación específicos.
Además, el Departamento de Salud y Servicios Humanos interrumpió abruptamente las subvenciones del CDC de aproximadamente $11.4 mil millones a los estados, fondos que se utilizaban para rastrear enfermedades infecciosas y para apoyar servicios de salud mental, tratamiento de adicciones y otros temas de salud urgentes. Se considera que algunos de estos contratos no se implementen debido a la destitución del personal encargado de supervisarlos. A esto se suma la reciente instrucción del gobierno al CDC de recortar subvenciones a la Universidad de Columbia y la Universidad de Pensilvania, alegando falta de acción contra el antisemitismo en sus campus.
