Limber Rodríguez acusa a autoridades de Huánuco de omitir funciones y desacatar directivas del JNE
La crisis política en la Municipalidad Provincial de Huánuco se profundiza. El ciudadano Limber Rodríguez interpuso una denuncia penal por presunto abuso de autoridad y omisión de funciones contra trece regidores y el alcalde Antonio Jara, luego de que el Concejo Municipal no convocara ni resolviera oportunamente el pedido de vacancia presentado contra los ediles.
La solicitud, registrada el 4 de noviembre de 2024, acusa a los regidores de transgredir el artículo 11 de la Ley Orgánica de Municipalidades al haber ejercido funciones que no les corresponden, abandonar sus labores fiscalizadoras y caer en conflictos de intereses.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) notificó al concejo el 3 de diciembre de 2024 para que se convoque una sesión extraordinaria dentro de cinco días, y se resuelva el pedido en un plazo máximo de 30 días. No obstante, la municipalidad no acató el mandato. Recién a fines de enero de 2025 se instaló una sesión, que fue suspendida inmediatamente tras la adhesión de otro ciudadano al pedido.
La historia se repitió en febrero y nuevamente en abril. Las autoridades municipales utilizaron como argumento que requerían consultar al JNE cómo proceder, pese a que este ya había indicado que no puede pronunciarse sobre procedimientos administrativos internos de concejos municipales.
Rodríguez denuncia que las postergaciones carecen de fundamento legal y configuran una conducta dolosa destinada a entorpecer un proceso legítimo de control democrático. En consecuencia, responsabiliza directamente a los trece regidores y al presidente del Concejo, exigiendo la intervención de la Fiscalía.
Por su parte, el alcalde Antonio Jara ha insistido en que su papel es solo dirigir las sesiones del concejo y que no tiene poder para influir ni para postergar las votaciones. “Yo no aplazo nada, solo dirijo”, afirmó. También se deslindó de los argumentos legales usados por los regidores y evitó comprometer a su oficina legal para que revise jurisprudencias relacionadas.
Mientras tanto, dentro del concejo hay posturas encontradas. Las regidoras Shelly Morales y Miluska han pedido que el proceso siga adelante sin temores, mientras que otros ediles insisten en que no pueden votar sobre su propia vacancia sin mayores precisiones del JNE.
La situación ha dejado al concejo sumido en una parálisis institucional, donde la legalidad del proceso se enfrenta a tácticas dilatorias que ponen en entredicho la transparencia y la responsabilidad de sus autoridades.
