Un audio revelador ha puesto en evidencia una presunta conspiración para destituir a fiscal clave en casos de alto perfil en el Perú. La grabación involucra a Christian Salas Beteta, abogado de Fuerza Popular y de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, y a Juan Fernández Jerí, jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público.
Según la conversación registrada en septiembre de 2024, Salas pidió a Fernández que actuara contra los fiscales Marita Barreto, Rafael Vela y José Domingo Pérez. En respuesta, Fernández le indicó que no podía hacerlo solo y que necesitaba aliados dentro del Ministerio Público.
Audio ignorado por la Fiscalía
El audio fue ofrecido al fiscal supremo adjunto Marcial Páucar Chappa en octubre de 2024. A pesar de la gravedad del contenido, Páucar Chappa se negó a admitirlo como prueba, alegando razones “procesales”.
En el diálogo, Fernández también sugirió a Salas que captara a un informante cercano al coronel PNP Harvey Colchado, con el objetivo de iniciar acciones en su contra y desarticular el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop).
La conspiración contra los fiscales.
El contexto de la grabación coincide con la destitución de Patricia Benavides tras la Operación Valkiria y el desarrollo del juicio contra Keiko Fujimori por el caso Cócteles. En octubre de 2024, un mes después de la reunión entre Salas y Fernández, este último suspendió a la fiscal Marita Barreto bajo un pretexto sin fundamento.
Además, el exasesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva Barreto, conocido como “El Filósofo”, confesó que la bancada fujimorista apoyó la inhabilitación de la fiscal Zoraida Ávalos a cambio de la destitución de Vela y Pérez.
Implicaciones en la Fiscalía
Las fuentes que escuchan el audio consideran que la negativa de la Fiscalía de la Nación a recibirlo es preocupante, ya que en otros casos ha accionado con menor evidencia. “Este audio es prueba clara de una conspiración para desmantelar la lucha anticorrupción” , advirtió una de las fuentes consultadas.
El caso sigue generando interrogantes sobre la independencia de las instituciones y la protección de impuestos que investigan la corrupción en el país.
