La Segunda Sala Penal de Apelaciones del Poder Judicial analizó este jueves 27 el recurso de apelación presentado por el fiscal José Domingo Pérez y la Procuraduría Especializada en Delitos de Lavado de Activos, tras la anulación del juicio oral contra Keiko Fujimori y otros 32 investigados por el caso Cócteles. Este caso está relacionado con presuntos aportes ilícitos a sus campañas electorales de 2011 y 2016.
El tribunal, integrado por los jueces Octavio Salhuanay, Javier Anchante y Edgar Medina, iniciará ahora una etapa deliberativa y emitirá su decisión en un plazo de 20 días, notificando a las partes por correo electrónico.
Contexto del juicio anulado
El 13 de enero, el Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional declaró nulo el juicio oral contra Fujimori. La Fiscalía cuestionó esta medida, argumentando que la resolución del Tribunal Constitucional (TC) solo beneficiaba a José Chlimper Ackerman, exsecretario general de Fuerza Popular, investigado por lavado de activos. Según el fiscal Rafael Vela, la nulidad no debía extenderse al resto de los acusados.
La jueza Mercedes Caballero justificó la decisión afirmando que existía una “acusación sorpresiva”, lo que vulneraba el derecho de los acusados a una defensa adecuada.
Posturas en el Poder Judicial
El tribunal concluyó que la anulación del juicio fue consecuencia de errores cometidos tanto por el fiscal José Domingo Pérez como por el juez de investigación preparatoria, Víctor Zúñiga Urday. Sin embargo, la magistrada Nayko Coronado discrepó con la mayoría y presentó nueve argumentos en contra de la nulidad.
Coronado sostuvo que retroceder el caso a la etapa intermedia vulnera el principio de legalidad y preclusión de actos procesales. Señaló que la ley solo permite suspender un juicio en casos específicos como el fallecimiento del acusado, prescripción del delito o existencia de una sentencia previa sobre los mismos hechos.
Según su interpretación, el juicio debía continuar, separando a Chlimper y excluyendo la parte de la acusación considerada irregular. No obstante, la mayoría del tribunal rechazó esta opción, argumentando que dividir el caso dificultaría la evaluación de pruebas y testimonios.
