Con un país desbordado por la criminalidad, la extorsión y el miedo generalizado, Julio Díaz Zulueta juró como nuevo ministro del Interior, convirtiéndose en el séptimo titular de esta cartera durante el gobierno de Dina Boluarte. En su primera aparición pública, el flamante ministro aseguró que su gestión tendrá como prioridad enfrentar la creciente inseguridad. “Vamos a combatir frontalmente al crimen organizado y a trabajar por la seguridad ciudadana en todos los rincones del país”, expresó durante el II Encuentro por la Seguridad Ciudadana, evento en el que también participó el censurado exministro Juan José Santiváñez y las rondas vecinales de Lima. Según Mariana Quilca Catacora para Infobae.
Sin embargo, la realidad que enfrenta Díaz Zulueta es alarmante. En solo su primer día de gestión, Lima Norte fue escenario de amenazas criminales que obligaron al cierre temporal de instituciones educativas, mientras que en Villa María del Triunfo, un conductor de bus de la empresa ‘El Chino’ fue baleado en un nuevo atentado extorsivo, lo que provocó la paralización de toda la flota de esa compañía.
Extorsión sin freno: transporte y educación bajo asedio
Los sectores más golpeados por el auge criminal siguen siendo el transporte público y la educación. En declaraciones a Exitosa Noticias, Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional De Integración De Transportistas (Anitra), expresó su escepticismo ante el nombramiento del nuevo ministro: “A las bandas criminales les importa un pepino que cambien de ministro”, sentenció, exigiendo políticas de “mano dura” contra las mafias extorsionadoras.
Pero la situación es aún más crítica en las escuelas. Padres de familia, docentes y alumnos viven con temor. En colegios de distritos como Los Olivos, Comas y Ventanilla, las clases presenciales fueron suspendidas luego de amenazas recibidas por parte de bandas criminales. El pasado martes, docentes de una institución educativa en Los Olivos denunciaron haber recibido intimidaciones mientras impartían clases virtuales. Las amenazas llegaron incluso a familiares de los profesores, lo que forzó su renuncia inmediata.
“Como tenemos, cada aula, un grupo de WhatsApp, los profesores han estado mandando audios de despedida. En el cual, informan, llaman a la calma y piden que oremos. Porque ahora, los extorsionadores no se han metido con los docentes, se han metido con sus familiares”, relató una madre de familia del colegio Pitágoras al medio Exitosa.
Estas declaraciones retratan una situación en la que los criminales imponen su poder con total impunidad y sin una respuesta efectiva del Estado. La comunidad educativa ha exigido la intervención del Ministerio del Interior, pero, hasta el momento, las acciones concretas han sido escasas.
Homicidios al alza: cifras que revelan el fracaso de las medidas de emergencia
El problema no se limita a las extorsiones. Según datos oficiales del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), entre el 1 de enero y el 24 de marzo de 2025 se registraron 517 homicidios en todo el país, lo que representa un incremento del 18% respecto al mismo periodo del año anterior. Lima, a pesar de estar bajo estado de emergencia, continúa siendo el epicentro de la violencia.
Esta medida extraordinaria, que buscaba frenar la criminalidad mediante la intervención de las fuerzas armadas y el patrullaje conjunto, ha mostrado una eficacia limitada. En vez de disminuir, los asesinatos, robos y atentados se han intensificado, generando una profunda desconfianza en la Policía Nacional del Perú (PNP).
Una encuesta de CPI publicada el 23 de noviembre de 2024 reveló que el 91.7% de los ciudadanos tiene una percepción negativa o incierta de la PNP. De ellos, el 56.3% señaló confiar “medianamente” en la institución, mientras que un preocupante 35.4% admitió no confiar en absoluto en la policía.
Corrupción policial y protección a criminales
La situación de la PNP se complica aún más con denuncias de protección policial a bandas criminales. En las últimas semanas, ha cobrado relevancia el caso de Erick Moreno, alias ‘El Monstruo’, cabecilla de la peligrosa banda “Los Injertos del Cono Norte”, quien, según investigaciones preliminares, contaría con protección por parte de elementos corruptos dentro de la propia policía.
Este hecho se hizo público luego de que un sereno fuera víctima de un atentado en una barbería, tras haber informado a un oficial de la PNP sobre la ubicación de ‘El Monstruo’. Lejos de ser protegido, fue blanco de represalias, lo que revela el nivel de penetración de las mafias en las instituciones de seguridad del Estado.
En una reciente declaración a RPP Noticias, el exministro del Interior y expresidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés, se mostró crítico con la designación de Díaz Zulueta, pero instó a darle una oportunidad para que tome decisiones firmes: “No podemos echarle la culpa de todo lo que pasa en el país a los caviares”, dijo, exhortando al nuevo titular del Mininter a conformar cuanto antes el Consejo Nacional de Seguridad y coordinar con todas las entidades competentes, como el Ministerio Público y las fuerzas del orden.
Un nuevo liderazgo frente a un sistema debilitado
Julio Díaz Zulueta asume el Ministerio del Interior en un momento donde la crisis institucional y la desconfianza social alcanzan niveles históricos. Su nombramiento no ha sido bien recibido por todos los sectores. Algunos gremios lo consideran un funcionario de bajo perfil, sin experiencia directa en la lucha contra el crimen organizado.
Sin embargo, el nuevo ministro ha manifestado su intención de fortalecer la inteligencia policial, reestructurar las comisarías, reforzar el patrullaje y “restablecer el orden en las calles”. Aún se espera que se detallen medidas concretas más allá del discurso inicial, pues la ciudadanía exige resultados inmediatos y no más promesas vacías.
¿Qué se espera de su gestión?
Las organizaciones sociales, los sindicatos de transporte, los gremios educativos y la población en general han puesto el foco sobre el Mininter. La seguridad, que alguna vez fue un tema relegado en los debates políticos, hoy se ha convertido en la principal demanda ciudadana. A falta de resultados tangibles, los cambios en el gabinete solo generan más frustración.
El desafío de Díaz Zulueta es inmenso. Deberá enfrentar una ola de violencia que no cede, un cuerpo policial dividido entre la integridad y la corrupción, y una ciudadanía cada vez más convencida de que el Estado ha perdido el control.
Conclusión
El nuevo ministro del Interior, Julio Díaz Zulueta, asume su cargo en un país que atraviesa una crisis de seguridad profunda. Con extorsiones que obligan al cierre de escuelas y empresas, homicidios en aumento, corrupción dentro de las fuerzas del orden y una opinión pública desconfiada, su gestión representa una prueba de fuego para el gobierno de Dina Boluarte.
La pregunta es clara: ¿será este nuevo cambio en el Ministerio del Interior parte de una verdadera estrategia para recuperar la seguridad ciudadana, o solo un parche más en un sistema colapsado?
