El exministro del Interior, Juan José Santiváñez, se encuentra nuevamente en el centro del debate judicial tras solicitar al Poder Judicial la anulación del allanamiento a su vivienda, ejecutado en el marco de una investigación en su contra por presunto abuso de autoridad. La solicitud fue presentada por su abogado, Junior Mendoza, ante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, bajo el argumento de que la diligencia fue desproporcionada e innecesaria, dado que, según sostuvo, su defendido “ha venido colaborando con el Ministerio Público”. Según Diego Casimiro Ore para Infobae.
No obstante, dicha afirmación ha sido duramente cuestionada por la Fiscalía, que sostiene que la conducta del exministro lejos está de ser colaborativa. En la audiencia, el fiscal adjunto supremo Luis Zapata desmintió esa postura y reveló detalles que podrían evidenciar un intento de obstrucción a la labor del Ministerio Público. “Lo concreto es que entregó un teléfono que no tenía ninguna información, no tenía chip. ¿De qué colaboración estamos hablando?”, replicó el fiscal.
Además, Zapata subrayó que durante el allanamiento no se encontró ningún dispositivo telefónico perteneciente a Santiváñez, su esposa o su hija mayor. “Solo, al parecer, de la empleada. Lo cual llama mucho la atención”, agregó.
Solicitud de nulidad: fundamentos y cuestionamientos
La defensa de Santiváñez basó su apelación en varios argumentos. En primer lugar, aseguró que la medida fue innecesaria porque la Fiscalía ya contaría con suficiente material para sustentar su hipótesis. “Hay una sobreabundancia probatoria que hace que un allanamiento orientado a incautar dispositivos tecnológicos sea excesivo”, sostuvo Mendoza.
También criticó que la solicitud del allanamiento se haya presentado siete meses después de iniciada la investigación, lo cual —según el abogado— pone en duda la urgencia y legalidad de la medida. Además, cuestionó que el Ministerio Público no haya especificado con claridad cuáles eran los dispositivos electrónicos que buscaba encontrar.
Pese a estos argumentos, el fiscal Zapata pidió a la Sala Penal que desestime la apelación, pues considera que hay elementos suficientes para mantener la legalidad de lo actuado. Aseguró que el allanamiento está respaldado por indicios razonables de obstrucción de la justicia y posibles delitos que comprometerían al exministro.
Documentos encontrados comprometerían a Santiváñez
Uno de los puntos más delicados de la audiencia fue la intervención del fiscal respecto a la apelación presentada por Yesenia de la Cruz, administradora del estudio jurídico de Santiváñez, cuyos inmuebles también fueron allanados. Allí, el Ministerio Público reveló que se encontraron “diversos documentos que vinculan directamente a Juan José Santiváñez con hechos materia de investigación”.
Si bien no se detalló el contenido de estos documentos por la naturaleza reservada del caso, el fiscal instó a los magistrados a revisar cuidadosamente las actas de allanamiento, pues en ellas se evidenciaría la relevancia del material incautado.
De acuerdo con la tesis fiscal, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria autorizó el allanamiento a los inmuebles de De la Cruz ante la sospecha de que se ocultaban allí una computadora y un iPad pertenecientes a Santiváñez, que habrían sido retirados del país para evitar su incautación. “Según un testigo protegido, Yesenia de la Cruz se llevó los equipos electrónicos al extranjero por orden del exministro”, detalló el fiscal.
A la fecha, la administradora del estudio jurídico no ha retornado al país. Así lo confirmó también el representante de la Procuraduría General del Estado durante la misma audiencia.
Las acusaciones que rodean al exministro
La situación legal de Juan José Santiváñez se agrava conforme se amplía el alcance de las investigaciones. Inicialmente, el caso surgió por un audio en el que presuntamente ordenaba al capitán PNP Junior Izquierdo, alias ‘Culebra’, que el entonces coronel (r) Harvey Colchado “controle” al periodista Marco Sifuentes. Este hecho motivó la apertura de una carpeta por presunto abuso de autoridad.
Sin embargo, las investigaciones se han ampliado a nuevos delitos. Entre ellos, se le atribuye haber ordenado represalias contra el propio Izquierdo tras la difusión del audio comprometedores, lo cual podría configurar un uso indebido del poder para encubrir conductas ilícitas.
Más grave aún es la línea de investigación que apunta a un presunto pago de sobornos para obtener fallos judiciales favorables, tanto en el Poder Judicial como en el Tribunal Constitucional. Este aspecto del caso podría derivar en cargos por corrupción de funcionarios, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia, delitos penados con severidad en la legislación peruana.
Implicancias políticas y jurídicas
El caso Santiváñez se desarrolla en un contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones del país, y tiene implicancias tanto políticas como jurídicas. Recordemos que el exministro del Interior dejó el cargo en medio de críticas por su cercanía a oficiales investigados por corrupción y su presunta interferencia en investigaciones en curso.
A pesar de su renuncia, los indicios acumulados por la Fiscalía siguen generando inquietud en diversos sectores, incluidos miembros del Congreso y organismos de la sociedad civil. Organizaciones como Proética han pedido que se garantice la independencia del Ministerio Público para avanzar en investigaciones sensibles como esta.
“La respuesta del Estado ante intentos de obstrucción debe ser firme y transparente. No puede haber espacio para la impunidad cuando están en juego principios democráticos y el correcto funcionamiento de la justicia”, señaló Samuel Rotta, director ejecutivo de la organización.
Próximos pasos del proceso
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema deberá pronunciarse en los próximos días sobre la apelación presentada por la defensa de Juan José Santiváñez. En caso de que se confirme la legalidad del allanamiento, los elementos encontrados podrían ser incorporados como pruebas clave en la construcción del caso.
De igual modo, la Fiscalía continúa recopilando testimonios, evidencias digitales y documentación que permita determinar el nivel de responsabilidad del exministro y su entorno cercano. El testimonio del colaborador eficaz que mencionó el traslado de dispositivos al extranjero, así como los documentos hallados en poder de De la Cruz, se perfilan como piezas fundamentales en esta etapa.
Por el momento, Santiváñez no ha ofrecido declaraciones públicas sobre el proceso. Tampoco asistió a la audiencia de apelación, hecho que fue notado por las partes presentes.
Conclusión
El caso del exministro Juan José Santiváñez revela posibles prácticas de encubrimiento, uso indebido del poder y obstrucción a la justicia en las más altas esferas del gobierno. Aunque su defensa insiste en que ha colaborado con la investigación, las acciones del Ministerio Público, los documentos incautados y los testimonios recopilados hasta ahora apuntan en otra dirección.
Este proceso no solo será clave para definir la situación jurídica de Santiváñez, sino también para medir la capacidad del sistema judicial peruano de enfrentar con independencia y firmeza los casos de corrupción política. La ciudadanía y la comunidad internacional observan de cerca.
