Pese a contar con cuatro sentencias judiciales en su historial, el congresista Luis Picón continúa ejerciendo funciones y ya prepara su campaña para una nueva reelección al Congreso. Su permanencia en el poder —a pesar de estar inhabilitado para ejercer cargos públicos— es un símbolo alarmante del deterioro institucional y de la impunidad que socava la confianza ciudadana.
La trayectoria judicial de Picón no es reciente. Su primera sentencia, dictada cuando fue gobernador regional de Huánuco, lo condenó a cuatro años de prisión e inhabilitación. Le siguieron otras tres condenas, todas relacionadas con malversación de fondos públicos. Una de ellas corresponde al manejo irregular del presupuesto para la ampliación del centro de salud de Huarichaca, obra inconclusa a pesar del dinero recibido.
Durante estos procesos, el nombre de su hermano menor ha aparecido repetidamente como pieza clave en los manejos irregulares: actuaba como su cajero, intermediario en cobros de comisiones y pagos de “diezmos”. Algunos periodistas locales aún recuerdan deudas impagas que datan de más de una década.
En 2024, ya como congresista, fue sentenciado nuevamente por participar en la compra fraudulenta de ambulancias a precios inflados. Esta sentencia lo obligaba a pagar una reparación civil de 100 millones de soles. Sin embargo, su inmunidad parlamentaria y las dilaciones judiciales han impedido que cumpla plenamente con las sanciones impuestas.
Picón no solo busca mantenerse en el Congreso, sino que da señales de querer postular nuevamente al Gobierno Regional de Huánuco. Lo respalda un círculo de aliados políticos y económicos que financian su campaña. Pero el verdadero poder que lo mantiene vigente no está solo en sus recursos o sus influencias, sino en el respaldo de parte del electorado, especialmente en Tingo María, su tierra natal.
La responsabilidad recae también en la ciudadanía. Mientras la población no exija cuentas claras ni apueste por candidatos con integridad, perfiles como el de Luis Picón seguirán reproduciéndose en el poder. No se trata solo de un individuo con antecedentes penales, sino de un sistema que permite y normaliza estas prácticas.
Las autoridades judiciales y electorales deben actuar con firmeza para hacer cumplir las inhabilitaciones vigentes. La justicia no puede ser negociable.
