En la audiencia judicial del pasado martes 25 de marzo, el general en retiro de la Policía Nacional del Perú (PNP), Jorge Angulo, ratificó que escuchó directamente al expresidente Pedro Castillo ordenar el cierre del Congreso y la detención de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, durante los hechos ocurridos el 7 de diciembre de 2022, en el marco del fallido golpe de Estado.
La declaración de Angulo fue clave en el proceso judicial que se sigue contra Castillo por el presunto delito de rebelión. El testimonio se ofreció durante la sesión del juicio oral y confirma lo que la Fiscalía ha venido sosteniendo: que el exmandatario intentó quebrar el orden constitucional al buscar gobernar por decreto y desarticular el sistema democrático.
“Alfaro decía en las respuestas, ‘señor presidente’”, relató Angulo ante el tribunal, al referirse a la conversación telefónica que escuchó entre Pedro Castillo y el entonces comandante general de la PNP, Raúl Alfaro, quien en ese momento se encontraba con licencia médica por COVID-19. La información fue confirmada por el periodista Martín Tumay Soto en un informe publicado por Infobae.
La cadena de hechos: llamadas, reuniones y la intervención de las Fuerzas Armadas
Jorge Angulo, en su calidad de jefe del comando de asesoramiento de la PNP durante esos días, afirmó que acompañó al general Vicente Álvarez —encargado de la comandancia general de la Policía— a una reunión convocada por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, inmediatamente después de la conversación telefónica entre Castillo y Alfaro.
En ese encuentro, que tuvo lugar en un contexto de tensión política extrema, se discutió la decisión del entonces presidente de intervenir el Congreso, la Judicatura y declarar un gobierno de excepción. Aunque Angulo no estuvo en la sala principal con los altos mandos militares, aseguró que la posición institucional fue de rechazo a la ruptura constitucional.
Posteriormente, según el testimonio del general en retiro, Álvarez ordenó la intervención de la seguridad presidencial para ejecutar la detención de Pedro Castillo.
“Álvarez dispuso para que llamemos al general jefe de seguridad del Estado y él disponga la intervención de la seguridad y del presidente de la República”, explicó Angulo.
Un pedido del ministro del Interior y la seguridad del Palacio
Otro punto relevante abordado en la audiencia fue el relacionado con la seguridad en la Plaza de Armas de Lima, donde se encuentra el Palacio de Gobierno. Angulo contó que el entonces ministro del Interior, Willy Huerta, solicitó que se retiraran las rejas de protección del área, en un aparente intento de facilitar el ingreso de simpatizantes al palacio.
“Respondí que no era posible retirar las rejas debido a que estaba en ejecución un plan de operaciones de seguridad”, relató Angulo, quien añadió que sugirió al ministro comunicarse directamente con el comandante general de la Policía para coordinar cualquier modificación.
La defensa de Castillo alega vacancia posterior a su detención
En su declaración, Angulo no pudo precisar el momento exacto en que se produjo la detención de Castillo ni el horario de su vacancia presidencial, lo cual es un punto crítico en la estrategia de defensa del exmandatario. La defensa sostiene que Castillo fue detenido antes de que el Congreso aprobara su vacancia, lo cual, de comprobarse, podría abrir un debate sobre la legalidad del procedimiento.
No obstante, los testimonios recogidos por el tribunal y las pruebas presentadas hasta ahora indicarían que la destitución parlamentaria precedió a su intervención policial, lo cual refuerza la posición de la Fiscalía.
Castillo: “Rechazo esta farsa judicial”
Durante la audiencia, Pedro Castillo también tomó la palabra brevemente. En tono desafiante, calificó el juicio en su contra como una persecución sin sustento legal.
“Rechazo esta farsa judicial”, afirmó al inicio de la sesión, antes de optar por guardar silencio durante el resto de la audiencia, en la que también declararon otros tres testigos.
Mientras tanto, desde el penal de Barbadillo —donde cumple prisión preventiva—, se presentaron oficios médicos que informaron sobre el estado de salud del exmandatario. El reporte señala que Castillo está siendo monitoreado periódicamente y que se encuentra “clínica y hemodinámicamente estable”.
Evaluaciones médicas y continuidad del juicio
De acuerdo con los documentos enviados por el centro penitenciario, Pedro Castillo fue sometido a una evaluación psiquiátrica el lunes, y al día siguiente pasó por revisiones médicas en las especialidades de gastroenterología, urología y otorrinolaringología. Además, el próximo lunes se le realizará un control oftalmológico. Se indicó también que recibirá terapias físicas debido a una patología lumbar que padece.
Antes de concluir la sesión, el tribunal anunció que el juicio continuará el próximo jueves, con la esperada declaración de Raúl Alfaro, el excomandante general de la PNP que habría recibido directamente las órdenes del entonces presidente para ejecutar el autogolpe.
Se informó que las audiencias continuarán hasta mediados de abril, cuando se presenten los testimonios de las demás partes involucradas en el proceso judicial por rebelión.
El caso Castillo y su impacto en la institucionalidad peruana
El juicio contra Pedro Castillo es uno de los más importantes en la historia reciente del país, no solo por involucrar a un expresidente en funciones, sino por el carácter inédito de una orden presidencial para quebrar el orden constitucional de forma directa y abierta. La confirmación de estas órdenes por parte de altos mandos policiales como Jorge Angulo da mayor peso a la hipótesis fiscal de que sí existió un intento de golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022.
Para la institucionalidad democrática del Perú, el proceso judicial representa una prueba de fortaleza. La independencia del Poder Judicial y el respeto al debido proceso serán cruciales para validar ante la ciudadanía cualquier fallo que se emita.
A su vez, el caso tiene implicancias políticas de fondo: revela las fracturas del poder político, la fragilidad del sistema presidencial y la urgencia de reformas profundas en los mecanismos de gobernabilidad.
Conclusión
La ratificación del general Jorge Angulo de que Pedro Castillo ordenó cerrar el Congreso y detener a la fiscal de la Nación refuerza la narrativa del Ministerio Público sobre la existencia de un plan para ejecutar un golpe de Estado en diciembre de 2022. El juicio avanza con revelaciones que podrían ser determinantes en el futuro del expresidente.
Mientras la defensa de Castillo insiste en que el proceso judicial es una farsa y cuestiona los tiempos de su detención, los testimonios de los altos mandos policiales —y próximamente el de Raúl Alfaro— podrían consolidar una acusación que tiene como eje la ruptura del orden democrático desde el más alto nivel del poder ejecutivo.
