La bancada de Renovación Popular formalizó su pedido a la presidenta Dina Boluarte para que el Perú se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), una solicitud que ha sido reiterada por varios parlamentarios en los últimos meses y que ahora ha tomado forma a través de un oficio dirigido directamente al Ejecutivo.
Según los argumentos expuestos por el partido liderado por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, la permanencia en dicho organismo representa un freno legal, constitucional y convencional para la lucha contra el crimen organizado. “Exigimos a usted con carácter de urgente que inicie los trámites para la denuncia formal del retiro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, señala el documento entregado a la mandataria.
“La crisis de seguridad y la inestabilidad social y económica exigen medidas más drásticas, sin interferencias externas”, subraya la bancada en su comunicado. Esta postura fue adelantada durante el debate de la moción de censura contra el exministro del Interior, Juan José Santiváñez, cuando varios congresistas de Renovación Popular reclamaron mayor libertad normativa para enfrentar la delincuencia.
¿Qué implica salir de la Corte IDH?
La propuesta no es nueva, pero sí cada vez más recurrente. Parlamentarios como María Acuña (Alianza Para el Progreso) y Wilson Soto (Acción Popular) también han solicitado al Ejecutivo iniciar el proceso de retiro del Perú de la Corte IDH, aunque esta medida no puede ser decidida por el Congreso, ya que es una competencia exclusiva del Poder Ejecutivo.
En términos jurídicos, el retiro del Perú del sistema interamericano requeriría denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José, lo cual implicaría abandonar el sistema de supervisión internacional de derechos humanos que ha regido en el país por décadas.
El internacionalista Francisco Belaúnde advirtió que “un eventual retiro no tendría efecto inmediato” y que “tomaría al menos dos años concretarse”, durante los cuales seguirían en curso todos los casos que se encuentren abiertos o se inicien antes de la fecha de retiro efectiva.
Además, Belaúnde subrayó que una medida de este tipo podría afectar gravemente la imagen internacional del Perú, especialmente en el contexto de las acusaciones de represión violenta en las protestas sociales ocurridas entre diciembre de 2022 y enero de 2023. “Si decide retirarse (de la Corte IDH), va a ser muy malo para la imagen del Perú y eso no es lo más conveniente. Es de las peores opciones”, sentenció.
La Corte IDH y la tensión entre seguridad y derechos humanos
Renovación Popular considera que los marcos legales internacionales limitan la capacidad del Estado para implementar políticas de seguridad más rigurosas. En este sentido, el documento enviado a Boluarte reclama una reforma estructural que permita al gobierno aplicar políticas más duras sin la intervención de organismos como la Corte IDH.
Los sectores conservadores del Congreso han expresado que, ante el avance del crimen organizado, el Estado debe recuperar su capacidad coercitiva sin estar sujeto a sentencias y medidas cautelares impuestas por instancias supranacionales. En su visión, estas medidas afectan la autonomía del Estado para garantizar la seguridad interna.
La pena de muerte: una propuesta en discurso, sin sustento legal inmediato
Una de las constantes en los discursos de Dina Boluarte ha sido la posibilidad de reimplantar la pena de muerte en el Perú. El tema volvió al debate público tras el asesinato de una menor en Villa María del Triunfo, crimen que la mandataria calificó como brutal y que motivó su llamado a implementar sanciones ejemplares.
“No puede ser que personas que cometen crímenes tan atroces vuelvan a caminar por nuestras calles”, declaró Boluarte en aquella ocasión, generando apoyo en ciertos sectores, pero también una fuerte crítica de organismos de derechos humanos y juristas.
Actualmente, la Constitución peruana solo permite la pena capital en casos de traición a la patria en tiempos de guerra. Para ampliar su aplicación a otros delitos, como violación o asesinato de menores, el Perú tendría que denunciar el Pacto de San José y retirarse del sistema interamericano, lo que vincula directamente esta propuesta con el planteamiento de Renovación Popular.
Hasta el momento, esta propuesta se mantiene como retórica política, sin pasos concretos hacia una reforma legal o constitucional. Sin embargo, en un contexto de creciente inseguridad, el discurso de “mano dura” sigue ganando terreno.
¿Hay consenso político sobre el retiro del Perú de la Corte IDH?
A pesar de los múltiples pronunciamientos, no existe un consenso político amplio en el Congreso ni en el Ejecutivo sobre una eventual salida de la Corte IDH. Si bien Renovación Popular y algunos parlamentarios de otras bancadas han insistido en el tema, el Gobierno de Dina Boluarte no ha anunciado oficialmente ninguna intención de avanzar en esa dirección.
El Ministerio de Justicia, bajo la dirección de Eduardo Arana, ha informado que no se ha evaluado la denuncia del Pacto de San José ni se han iniciado trámites en ese sentido. La prioridad actual del sector sigue siendo el fortalecimiento de la justicia interna y el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
Implicancias internacionales y precedentes
El retiro del sistema interamericano no es inédito en la región. Países como Venezuela denunciaron la Convención Americana en años anteriores, aunque ello fue duramente criticado por organizaciones internacionales y gobiernos democráticos.
Según Belaúnde, una decisión así debilitaría las garantías mínimas del sistema democrático y enviaría un mensaje negativo a la comunidad internacional. “El Perú tiene casos pendientes y decisiones que debe respetar. Romper con ese sistema podría abrir una puerta peligrosa hacia la impunidad”, afirmó.
Además, organizaciones como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) han advertido que la Corte IDH ha sido fundamental en proteger derechos vulnerados en dictaduras pasadas y conflictos armados internos. Su desaparición como ente de supervisión podría dejar sin protección a miles de ciudadanos frente a abusos del poder estatal.
Un país entre la inseguridad y el respeto a los derechos
La propuesta de Renovación Popular abre un debate complejo sobre los límites entre seguridad ciudadana y derechos fundamentales. Mientras un sector del Congreso busca mayor libertad para aplicar sanciones severas y operativos más agresivos, otros advierten que la solución no está en aislar al Perú del sistema interamericano, sino en reformar y fortalecer las instituciones internas.
El desafío para el Gobierno de Dina Boluarte será encontrar un equilibrio entre las demandas sociales por mayor seguridad y la necesidad de mantener al país dentro del marco jurídico internacional que le da legitimidad y garantías ante posibles excesos del poder.
Conclusión
El llamado de Renovación Popular para que el Perú abandone la Corte IDH representa una tensión creciente entre la urgencia por frenar la delincuencia y la defensa del sistema democrático y de derechos humanos. Aunque el retiro aún no se ha discutido formalmente en el Ejecutivo, la presión política sigue escalando. La presidenta Boluarte deberá sopesar cuidadosamente las implicancias de una decisión que podría reconfigurar el lugar del Perú en el sistema internacional de justicia.
