La decisión judicial de permitir que Juan Carlos Tarazona Espinoza afronte en libertad el proceso penal en su contra por la muerte de Elita Laveriano Calderón ha despertado un profundo malestar en la comunidad huanuqueña, que exige justicia en un caso que ha marcado a la región.
El 19 de enero, Elita Laveriano, de 62 años, fue violentamente embestida por una camioneta Haval New H2 de color negro, con placa W4T-109, conducida por Tarazona Espinoza. El vehículo se subió a la vereda, impactó contra una pared y luego atropelló a la víctima, dejándola con lesiones que la mantuvieron más de un mes en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Hermilio Valdizán, donde finalmente falleció a fines de febrero.
Testigos del hecho denunciaron que el conductor manejaba a alta velocidad y, presuntamente, bajo efectos del alcohol. Sin embargo, a pesar de la gravedad del incidente y de las consecuencias fatales, la respuesta del sistema judicial ha sido ampliamente cuestionada.
Inicialmente detenido, Tarazona fue liberado por disposición del fiscal adjunto César Trinidad Bravo, quien alegó falta de informes periciales y médicos para sustentar una solicitud de prisión preventiva. Posteriormente, en audiencia virtual, la jueza del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco rechazó el pedido fiscal de nueve meses de prisión preventiva, dictando en su lugar comparecencia con restricciones y el pago de una caución de 20 mil soles.
La magistrada basó su decisión en que el delito imputado —homicidio culposo por accidente de tránsito— no supera los cinco años de prisión, y valoró el arraigo familiar, laboral y domiciliario del imputado como factores a su favor.
La resolución judicial ha sido recibida con indignación por parte de los familiares de Elita y diversos sectores de la ciudadanía, quienes han convocado vigilias y protestas frente al Ministerio Público, exigiendo transparencia, sanciones proporcionales y una revisión de la actuación fiscal en el caso.
El caso ha puesto en debate la aplicación de medidas cautelares en casos de muertes causadas por conductores, especialmente cuando existen indicios de conducción temeraria o bajo efectos de sustancias prohibidas. Mientras el proceso judicial sigue su curso, la familia Laveriano insiste en que no se trata solo de un accidente, sino de una tragedia que merece justicia plena.
