El Congreso de Perú aprobó con 81 votos a favor y 16 en contra una ley que restringe el financiamiento y las actividades de las organizaciones no gubernamentales (ONG). Esta norma, impulsada por el congresista fujimorista Alejandro Aguinaga, quien enfrenta un proceso judicial por las esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Alberto Fujimori, impacta directamente en las comunidades indígenas. Muchas de estas reciben asistencia legal gratuita de ONG internacionales para procesos contra el Estado peruano.
Organizaciones indígenas rechazan la normativa
Diversas organizaciones han expresado su rechazo a la ley anti-ONG, señalando que vulnera el acceso a la justicia de los pueblos indígenas. El 14 de marzo, enviaron un oficio al Ejecutivo con una serie de observaciones sobre la normativa. En caso de que no haya una respuesta en los próximos días, han anunciado que se declararán en movilización permanente y organizarán protestas a nivel nacional.
Danitza Quispe, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap), pidió al Ejecutivo que observe la norma, argumentando que no garantiza la consulta previa a los pueblos originarios.
“Sentimos que no hay justicia en el país. No somos un obstáculo, nuestro objetivo es defender los derechos de los pueblos originarios. Quienes nos han apoyado han sido las cooperaciones internacionales”, señaló.
Por su parte, Lourdes Huanca, de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (Fenmucarinap), advirtió que la nueva ley podría dejar impunes los casos de esterilizaciones forzadas y las violaciones de derechos durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, ya que muchas víctimas reciben asesoría legal de instituciones extranjeras.
Riesgo de desprotección para los pueblos indígenas
Jorge Pérez, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), alertó que esta normativa dejaría desprotegidos a los pueblos indígenas, ya que se restringiría el uso de fondos de cooperación internacional para contratar abogados en casos de violaciones de derechos humanos.
Asimismo, la abogada Rocío Trujillo de Aidesep advirtió que la ley podría afectar a las víctimas del caso Saweto, en el que líderes indígenas fueron asesinados por defender sus territorios.
“Tras 10 años, el Estado sigue incumpliendo el Plan de Acción Saweto. Esta norma impide que se brinde asistencia técnica”, explicó.
Supervisión y sanciones a las ONG
El dictamen aprobado otorga a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) la facultad de supervisar, denunciar y sancionar a las ONG ante el Ministerio Público. Entre las medidas que podrían aplicarse están multas, suspensiones o incluso la cancelación de operaciones.
