Por: Jorge Farid Gabino Gonzalez
En tiempos de crisis como los que vivimos, en tiempos en los que la delincuencia se convierte en un rumor constante en las calles, cuando las personas en general, esto es, sin excepción alguna, convierten al miedo en parte de su rutina diaria —miedo a salir de casa, a desplazarse por determinadas calles, a utilizar el transporte público—, un gobierno que se precie de serlo debería, cuando menos, responder con algo más que declaraciones vacuas o fuegos artificiales inservibles. Pero como el de Dina Boluarte es cualquier cosa menos un gobierno digno de tal nombre, estamos como estamos: cada día se suman nuevos casos de sicariato, de robos con violencia, de extorsiones que convierten a pequeños y grandes comerciantes en víctimas de una red criminal que crece sin control, mientras que la presidente solo se limita a dar ruedas de prensa en las que se promete mano dura, como si la sola enunciación de la firmeza fuera suficiente para sarnos del problema. Así, lo que Dina Boluarte ha optado por hacer es el viejo truco de la militarización simbólica, característico, como se sabe, de gobiernos carentes de ideas que, ante una criminalidad que los supera, no tienen mejor ocurrencia que llenar las calles de soldados, que en el fondo no pasan de ser un simple decorado. Ello a pesar de que es bien sabido que la delincuencia no se reduce con fusiles exhibidos en avenidas principales, ni con soldados apostados en esquinas estratégicas, esto es, sin ofrecer ninguna respuesta estructural al problema.
Pero como ya quedó claro que la pantomima de la militarización no es más que un triste saludo a la bandera, el gobierno de Boluarte ha decidido complementar su discurso de dureza con otro aún más ridículo: el anuncio de la pena de muerte para ciertos delitos, lanzado al aire con la grandilocuencia de quien finge determinación, pero que sabe muy bien que dicha medida no solo es inviable, sino que, incluso si lo fuera, no modificaría en lo más mínimo la realidad del crimen organizado que se vive hoy en el país. Y es que el delincuente que mata por encargo no lo hace temiendo las consecuencias legales de sus actos —de hecho, en muchos casos ni siquiera las conoce, o no en la medida en que debería—, ni tampoco quien extorsiona, quien cobra cupos, quien secuestra anda pensando en si una eventual reforma del código penal incrementará su condena de veinte a treinta años o si su crimen le valdrá la pena de muerte. ¿Es tan difícil comprender que lo que necesitamos en este momento son mecanismos efectivos que impidan que la criminalidad avance hasta hacerse incontrolable? Lo que pasa porque el gobierno haga reformas que impliquen cambios estructurales, cambios que vayan más allá del titular fácil y la promesa efímera.
Pero el problema de fondo no es solo la ausencia de soluciones, sino la resignación de un gobierno que ya ni siquiera intenta disimular su falta de control sobre la situación. Asistimos al reconocimiento tácito de que no hay interés en modernizar la policía, de que no se hará nada para fortalecer el sistema judicial, de que no se invertirá en inteligencia ni en programas de prevención para evitar que el crimen siga reclutando a jóvenes que, sin oportunidades de otro tipo, ven en la delincuencia una salida viable, incluso una carrera. Y es que para Boluarte el crimen no es un problema a resolver, sino un fenómeno a administrar con medidas de distracción, con anuncios grandilocuentes que no buscan solucionar nada, sino ganar tiempo, prolongar la impresión de que algo se está haciendo cuando en realidad todo sigue igual, cuando la única estrategia real es la espera, la apuesta por que el escándalo del momento sea reemplazado por otro antes de que la inacción se vuelva insostenible.
El resultado de todo esto no es solo una sociedad cada vez más asfixiada por la inseguridad, sino una población que ha dejado de creer en el Estado, una ciudadanía que ha asumido que la violencia es parte del paisaje y que la única respuesta posible es la resignación. Cuando el miedo se vuelve cotidiano, cuando la posibilidad de ser asaltado, secuestrado o incluso asesinado ya no es una excepción sino una probabilidad constante, cuando la gente se habitúa a vivir en la zozobra, la verdadera derrota no es solo de los ciudadanos que han perdido su tranquilidad, sino del Estado que los ha abandonado, que ha renunciado a su deber más básico y que, lejos de ofrecer una solución, se ha convertido en parte del problema. Así, qué duda cabe de que Dina Boluarte pasará a la historia como la presidente que permitió que este estado de cosas se normalizara hasta el punto de volverse el pan de cada día, hasta el punto de convertir el miedo en una condición permanente. Pues lo que su gobierno ha logrado, y esto es indiscutible, es imponer una cruel certeza: la de que es completamente incapaz de hacer algo para erradicar la criminalidad que hoy nos gobierna.
